De acuerdo con estas fuentes, la fiscal solicita en su recurso a la sala que acuerde la suspensión cautelar del traslado hasta que resuelva la impugnación de la medida, dado que la presentación del recurso no paraliza la ejeución de la sanción.

Además, Márquez de Prado también ha remitido un escrito al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en el que le pide que no le asigne nuevo destino hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la suspensión cautelar de su traslado forzoso.

Al parecer, corresponde ahora al fiscal general asignar nuevo lugar de trabajo a la fiscal quien, una vez que ocupe su nueva plaza, pude presentarse a los concursos de traslado que se convoquen para su categoría.

Aunque hoy acdió a su despacho de la Audiencia Nacional, la fiscal Márquez de Prado no puede desempeñar ninguna labor en la Fiscalía de ese tribunal desde ayer, en que a primeras horas de la tarde recibió la notificación oficial de su sanción.

Dicha notificación fue realizada por el fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, tras recibir el acuerdo del Ministerio de Justicia.

El traslado forzoso de Márquez de Prado fue propuesto a la titular de Justicia por el anterior fiscal generl del Estado, Juan Ortiz Urculo, como consecuencia de la inspección practicada el pasado mes de octubre en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Dicha inspección se saldó con la apertura de otro expediente disciplinario a la fiscal Márquez por la presunta ocultación de un informe al juez que instruía el sumario por el atentado de ETA contra José María Aznar, motivo por el que fue multada con 50.000 pesetas.

Por los mismos hechos, también fue sancionado con otra multa similar el teniente fiscal, Euardo Fungairiño, mientras que los fiscales Ignacio Gordillo y Pedro Rubira fueron castigados con un mes de suspensión de empleo y sueldo y multa de 50.000 pesetas, respectivamente, por la presunta utilización de alumnos en prácticas para elaborar informes sobre causas abiertas.

Sin embargo, todos ellos presentaron la pasada semana recursos de alzada contra estas sanciones, que corresponde resolverlos a la ministra de Justicia.