En la resolución, el tribunal indica que acuerda aplazar el traslado en virtud de una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 20 de mayo del pasado año según la cual, la administración debe esperar a que el tribunal resuelva la solicitud de suspensión cautelar de la medida antes de ejecutarla.

La sala adopta esa decisión en dicha providencia, de fecha de ayer, por la que también admite a trámite el recurso presentado el día aterior por la fiscal contra su traslado forzoso de la Audiencia Nacional. Esta medida fue acordada por la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, debido a la "acritud y excesos formales" de Márquez de Prado "en su comunicación con jueces y tribunales" de la audiencia.

Además, el tribunal decide nombrar ponente del recurso de la fiscal al magistrado Manuel Trenzado y solicita al Ministerio de Justicia el expediente administrativo, que el departamento deberá enviar en el plazo de diez días trs notificar a cuantos aparezcan como interesados la remisión del expediente a la Audiencia Nacional y después de emplazarles para que puedan comparecer y personarse en estos autos.

Además del recurso contra su traslado, la fiscal Márquez de Prado también remitió el pasado martes un escrito al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en el que le solicitó que no le asignase nuevo destino hasta tanto la Audiencia Nacional no se hubiera pronunciado sobre su petición de suspender cautelarmente su traslao forzoso.

Al igual que hizo el martes, después de que el día anterior le fuese notificado oficialmente su traslado forzoso, la fiscal acudió ayer y hoy a su despacho de la Audiencia Nacional, aunque no puede desepeñar ninguna labor en la Fiscalía de ese tribunal desde que recibió la comunicación de la sanción.

El traslado forzoso de Márquez de Prado fue propuesto a la titular de Justicia por el anterior fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, como consecuencia de la inspección practicada e pasado mes de octubre en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Dicha inspección se saldó con la apertura de otro expediente disciplinario a la fiscal Márquez por la presunta ocultación de un informe al juez que instruía el sumario por el atentado de ETA contra José María Aznar, motivo por el que fue multada con 50.000 pesetas.

Por los mismos hechos, también fue sancionado con otra multa similar el teniente fiscal, Eduardo Fungairiño, mientras que los fiscales Ignacio Gordillo y Pedro Rubira fuern castigados con un mes de suspensión de empleo y sueldo y multa de 50.000 pesetas, respectivamente, por la presunta utilización de alumnos en prácticas para elaborar informes sobre causas abiertas.

Sin embargo, todos ellos presentaron la pasada semana recursos de alzada contra estas sanciones, que están pendientes de que sean resueltos por la ministra de Justicia.