En rueda de prensa, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, Vercher señaló que "las administraciones locales son en este momento el gran problema en materia de ordenación del territorio".

Vercher indicó que el modelo actual "no funciona bien" y que "desde una perspectiva centralizada el control" sería mejor que desde una situación "absolutamente atomizada" como es la actual.

El fiscal de la sala del Tribunal Supremo dijo tener la impresión de que las corporaciones locales "tienen algún tipo de perspectiva interpretativa peculiar" sobre las políticas de urbanismo y ordenación del territorio.

Según explicó Vercher, entre el 35 y el 40% del presupuesto de las corporaciones locales procede del ámbito urbanístico, unido a que se les "hayan dado tantas competencias" y a la existencia de "ciertos aspectos de corrupción tradicional", ha propiciado "una mezcla un tanto especial".

Además, añadió, que todo esto junto con las "grandes inversiones económicas han dado lugar a la situación caótica que tenemos en la actualidad".

En este sentido, el fiscal quiso dejar claro que "aunque esto no ocurre en todos los ayuntamientos españoles, sí se da con bastante generalidad", desde que en 1997 el Tribunal Constitucional determinara que las competencias en materia urbanística correspondía a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.

A la pregunta de si España es en estos momento sun paraíso para la corrupción, Vercher respondió a los periodistas: "sí, sin ninguna duda" y remachó, que el país se encuentra a la "vanguardia de Europa" en este ámbito.

Sobre el Anteproyecto de Ley del Suelo, aporobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de julio, el fiscal consideró su contenido "muy acertado". "Si la actual redacción ve la luz, tengo la impresión de que habremos conseguido un paso importante en pro de la normalización de la materia y la solución de un problema que es absolutamente insostenible", comentó.

Vercher recordó además que la Fiscalía General del Estado tiene especial interés en "conseguir una patente efectividad del artículo 319 del Código Penal", referente a los delitos urbanísticos y de ordenación del territorio.

Este artículo ha de conseguir "consistencia y que no se quede en el río de los recuerdos o de las ideas como planteamiento puramente ornamental", sentenció.