EL FISCAL DEL TSJA ASUME ANTE EL JUZGADO LA REPRESENTATIVIDAD DE LOS PERJUDICADOS POR LA "CARRETERA DE LA MUERTE" EN GRANADA
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Los directivos de la Asociación de perjudicados por el tramo de la N-323, conocid como "carretera de la muerte", se entrevistaron hoy con el Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Luis Portero, "en quien hemos encontrado un total representante de nuestros intereses después de habérsenos excluido del proceso judicial que se sigue sobre el caso", dijo a Servimedia el presidente de la asociación, Nicolás Pérez Alférez.
La reunión, prolongada por espacio de 20 minutos, fue calificada por el abogado de la asociación, Enrique Hernández-Carrillo como "gratificnte y cordial".
Pérez Alférez manifestó que los intereses de la asociación, mientras preparan una querella que les permita volver a personarse en el caso como única vía posible para ello, están garantizados.
Luis Portero, por su parte, coincidió con este colectivo de damnificados o familiares de accidentados en la necesidad de que la vía sea modificada en breve para evitar nuevos accidentes que se unan a los más de 200 registrados en los últimos 4 años, y que se depuren responsabilidades, por lo ue "estaré en la causa judicial hasta el final".
La modificación de la señalización horizontal de la carretera de la muerte no estará lista antes de las grandes operaciones de tráfico del verano, ya que habrá que esperar a la decisión final de la Audiencia Provincial de Granada sobre la decisión del juez de instrucción 1 de Granada, Antonio Gallegos, de archivar las diligencias abiertas.
El caso fue iniciado a instancias del juez de paz del municipio de Iznalloz, por cuyo término municipal discure la carretera, quien interpuso una denuncia contra el jefe de la demarcación de carreteras de Andalucía Oriental, Rafael Villar, por un supuesto delito con resultado de muerte a la hora de señalizar la calzada.
Nicolás Pérez Alférez dijo a esta agencia que si la carretera no se modifica antes de que aumente el riesgo de accidentes, es necesario que "se extreme la vigilancia por parte de la Guardia Civil". En este sentido manifestó que "desde la modificación de las señales verticales no se ha producid ningun accidente mortal".
Enríquez Harnández-Carrillo, explicó que la decisión de la Audiencia, sin entrar en la profundidad jurídica del caso, podría ser la de obligar al juez a practicar las pruebas pertinentes y ya previstas antes del archivo de las diligencias.
Los representantes de la asociación manifestaron que, en el caso de que la Audiencia ordenara el archivo total del caso, éste podría volver a reiniciarse en otro juzgado con la presentación de la querella anunciada.
(SERVIMEDIA)
16 Ene 1992
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