Luis Portero entiende que no existen razones jurídicas que certifiquen la existencia de responsabilidades criminales por parte de estos cuatro cargos públicos en relación con el "caso Guerra".

"Tanto por las consultas que he realizado con los demás compañeros de la fiscalía, como por convencimiento propio y personal, dijo el fiscal jefe, "considero que no existen jurídicamente razones para imputar actividad criminal a las personas aforadas sujetas a este tribunal. Esto me ha determinado a solicitar en este dictamen el archivo de las actuaciones, por considerar que los hechos no son merecedores de calificación delictiva".

Portero entiende además que ya se han practicado las diligencias necesarias que demuestran la inexistencia de responsabilidades, y que de seguir con el proceso en este tribunal, supondrían la relización de trámites supérfluos.

Para el fiscal jefe del Alto Tribunal Andaluz, la investigación debe continuar únicamente en Sevilla. "Soy partidario de dar por concluida la investigación", señaló, "a fin de eliminar trámites reiterantes, porque todas las declaraciones de las personas que ya lo han hecho y cuyo testimonio ya nos consta, el volverlas a llamar a declarar supondría una diligencia supérflua".

Los dos ex delegados del Gobierno, junto al actual, Alfonso Garrido, y el que fuera secretaio del ex vicepresidente del Gobierno, Rafael Delgado, estaban supuestamente implicados en el "caso Juan Guerra", del que ahoran se cumplen dos años, por permitir el uso de un despacho oficial en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía a Juan Guerra González, para su uso particular.

Leocadio Marín, que en la actualidad es consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno autónomo; Tomás Azorín, presidente de la Diputación de Almería; Alfonso Garrido y Rafael Delgado debían prestar declaración ate el juez la próxima semana.