Santos Urbaneja participó este viernes en el debate 'Poderes preventivos y regulación de la propia discapacidad' que celebró el cónclave notarial para analizar los mecanismos al alcance del ciudadano para establecer sus preferencias de gestión de los asuntos que le afecten en el futuro y designar a la persona encargada de llevarlas a cabo.

Según explicó, “muchos poderes preventivos se otorgan a los amigos antes que a la familia. Está creciendo mucho esta medida de apoderamiento que evita ir al juzgado”. De hecho, continúo, “más de la mitad de los apoderamientos se dan ya a los amigos” como herramienta útil para “hacer las cosas fuera de la muralla de lo judicial”.

Ante un auditorio de notarios, el fiscal pidió: “No aconsejéis a una persona con cinco hijos que deje a los cinco apoderados” porque esa medida es una fuente de conflictos y frecuentemente provoca que las relaciones familiares se ventilen “en clave de batalla”.

Por eso precisamente desapareció el Consejo de Familia, que se suprimió “por muchas razones”, entre ellas que ni siquiera era factible reunirlo para tomar decisiones. En aras de la eficacia defendió que “el tutor debe ser una sola persona” porque al final no se pude hacer nada “con el poder cuando vienen los cinco en contienda”.

En ese sentido, y para evitar conflictos familiares, el fiscal delegado de Personas con Discapacidad y Mayores en Andalucía recordó que “los poderes no hay que hacerlos con publicidad, se hacen privadamente” y por tanto los miembros de la familia no tienen por qué conocer su existencia ni sus detalles.

Santos explicó que el poder preventivo “es un punto de llegada” que se deriva de la confianza entre las personas. De esa confianza es “de lo que tenemos que hablar incluso durante mucho tiempo antes de redactar el poder preventivo” y después todo se puede dejar por escrito con un nivel de detalle “máximo” o “mínimo” y dejando claro “por qué te dejo lo que te dejo, por qué confío”.

Por su parte, María Linaceo de la Fuente, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y exasesora del Ministerio de Justicia, puntualizó que los apoderamientos preventivos pueden ser de dos clases: con eficacia actual o con eficacia diferida para prever distintas situaciones futuras.

La profesora defendió que la Ley 8/2021 supone “una conquista social y jurídica encomiable reflejo de un renacimiento legislativo que ha implicado una renovación del Derecho Civil. Y uno de sus principales méritos es la regulación sistemática de los apoderamientos preventivos”.

El notario Josep María Valls Xufré insistió en que “todos necesitaremos un poder preventivo”. Abogó por que se haga testamento “porque todos vamos a morir y tarde o temprano todos necesitaremos un soporte” que es preferible prever “cuando tenemos capacidad”, evitando así colapsar los juzgados.

Explicó en su intervención que la mayoría de casos que llegan al juez tienen que ver con familias normales que quieren vender la vivienda de la persona con discapacidad para poder pagar la residencia. “No puede ser que necesitemos autorización judicial para la venta de un bien de una persona con discapacidad que ya está inmersa en una curatela. Las decisiones judiciales pueden alargarse incluso por más de un año”.

Concluyó que “los juzgados están colapsados y no pueden atender todas las solicitudes de medidas de apoyo referidas a personas mayores. Algunos de esos casos, los podemos atender los notarios a través de los poderes preventivos”.