El fiscal considera que existió un "error de hecho en la apreciación de la prueba", ya que el tribunal que absolvió a los acusados no tuvo en cuenta los documentos que obraban en el sumario, que demuestran las tesis de la fiscalía.

Carlos Valenzuela aduce además infracción de ley, por estimar que "el tribunal no aplicó los articulos del Código Penal relativos a los delitos ue se imputan a los acusados".

La audiencia orensana consideraba en su fallo, del pasado día 28 de noviembre, que se produjo "ilegalidad, arbitrariead o chapuza administrativa", y estimaba que "la corrección del error entra en el campo del derecho administrativo y no en el ámbito penal".

La sentencia señalaba que "aunque se hizo adjudicación personal y directa sin que se cumpliese la normativa establecida, con ello no se privaron más derechos que los de los interesados en la realización de las obas".

El fiscal mantiene su petición de seis años de prisión y ocho de inhabilitación para el ex delegado de la Consejería de Política Territorial y actual alcalde de Vilamarín, Amador Vázquez, y solicita seis años de inhabilitación para el párroco Felisindo Rodríguez y el constructor Luis Carrajo, a los que acusa de "inducción a la prevaricación".