Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dirigida por Eduardo Fungairiño, existe riesgo de fuga, la alarma social por los capítulos de violencia callejera no ha desaparecido y hay posibilidad de que los 19 jóvenes puestos en libertad reincidan en su comportamiento.

Los 19 jóvenes están acusados de haber perpetrados acciones de violencia callejera contra concesionarios de vehículos, oficinas de seguros, instalaciones de Renfe, varios órganos judiciales y propiedades de militantes tanto el PP como del PSOE.