Entre los acusados figura el comandante José Pérez Navarrete, que fue condnado por un delito similar y posteriormente indultado por el Gobierno. Navarrete fue el instructor del parte de la Guardia Civil y la acusación particular le acusa de no prestar ayuda al detenido y no evitar las torturas que se estaban practicando.

En la jornada de hoy, el fiscal redujo la pena pedida para los guardias civiles Emilio Mariño Martín, Carlos Prieto Bragado e Isidro Martínez Villota en tres meses de arresto mayor, quedando ahora en un mes y un día de arresto mayor y en dos meses de inhabiitación especial, cuando anteriormente solicitó seis años, al considerar que las heridas sufridas por el detenido tardaron en curar menos tiempo del indicado en un primer momento.

Las indemnizaciones que pide la Fiscalía cambiarían en el caso de que el tribunal considerase que se trata de un delito de lesiones (250.000 pesetas) o vejación (100.000 pesetas).

La acusación particular, ejercida por el abogado de HB Iñigo Iruin, que acusa también de participar en los hechos a los guardias civiles Pére Navarrete y Juan Carlos Recaj, modificó sus conclusiones provisionales, al pedir que los seis años de inhabilitación sean solamente para ejercer una función policial.

La acusación particular mantiene las penas de seis meses de arresto y seis años de inhabilitación para Mariño, Prieto, Martinez Villota y Pérez Navarrete por un delito de torturas, y seis años de inhabilitación para Recaj por prevaricación.

El fiscal centró sus conclusiones en la "excepcionalidad y el carácter pretérito" de los hecos denunciados por Garmendia, que asegura haber sido torturado en la Comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián en agosto de 1982.

A juicio del fiscal, hay que prescindir de los testimonios tanto de Garmendia como de los guardias civiles, al considerar que son subjetivos, ya que "Garmendia intenta hacernos creer que fue sometido a las más cruentas torturas medievales y la Guardia Civil que fue objeto de un trato exquisito".

El fiscal estima que existieron torturas, aunque no todas las que rlató el detenido, como la bañera, corrientes eléctricas y la colocación de una bolsa de plástico en la cabeza, y que fue sometido a un tratamiento vejatorio. También subrayó que la versión de la Guardia Civil, según la cual Garmendia sufrió las lesiones al caer contra una mesa, hay que ponerla en tela de juicio.

Según la Fiscalía, la inculpación por parte de la acusación particular de Pérez Navarrete y Recaj es injustificada, porque "no hay pruebas de todos los delitos que se les imputan".

Por elcontrario, la acusación particular estima que ambos "eran conocedores de los hechos y que trataron de encubrirlos" y les culpa de un delito de "comisión por omisión".

Iñigo Iruín afirmó que "es descorazonador que una sentencia firme, después de 11 años, sobre un caso de este tipo termine en un indulto". Aseguró que las torturas siguen existiendo y hay que perseguirlas penalmente.

Por su parte, la defensa de los inculpados pidió, como en un principio, la libre absolución de sus clientes y basó su legato en que, aunque haya lesiones, no se ha podido comprobar que el detenido fuera torturado.