El fiscal, Jesús Cardenal, también redujo la cuantía de la multa, de los tres millones que solicitó en un primer momento a 300.000 pesetas.

Para Cardenal, Elosúa actuó por encargo de la familia Revilla, aunque su papel era el de favorecer lo intereses de la banda terrorista ETA, ya que la familia Revilla no pretendía asesoramiento jurídico, sino "un acercamiento a los círculos de ETA".

Además, el fiscal señaló que el abogado de HB no actuó como otros compañeros lo han hecho en caso de secuestro, informando al Colegio de Abogados, y que sus citas fueron siempre fuera del despacho.

Tampoco cree que, tal y como declaró el hijo del industrial secuestrado, Antonio Revilla, fuera mediante una carta de ETA donde se le comunicó la cantidadpagar por el rescate de su padre, sino que fue el propio Elosúa quien la negoció.

Por su parte, la eximente incompleta en la actuación de Arratibel se basa en que la fiscalía cree que actuó de mediador a instancias de ambas partes, pero que se aprovechó de la situación para obtener dinero, 75 millones de pesetas por ejercer dicho papel.

La defensa de Francisco Arratibel reiteró que su cliente intervino por salvar dos vidas, la propia y la del secuestrado, y recordó que, gracias a su intervención la familia Revilla pagó 900 millones menos de los que ETA exigía en un primer momento.

Para el abogado Félix Rojo, este sumario "fue un ensayo procesal, una especie de experimento que nació dentro de un contexto de respuesta, pero también de la frustración policial por no haber resuelto el secuestro más largo de la historia de ETA".

La defensa de Elosúa señaló que su cliente tan sólo cumplió con un contrato de servicios pactado con la familia Revilla, por lo que pidió la absolución de su cliente