Así consta en un escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción al juez Garzón y al que tuvo acceso Servimedia. En él, Martínez Madero señala que, en su opinión, "no se suscita cuestión sustantiva ni tampoco procesal que impida la incoación de una pieza separada para juzgar" los hechos investigados en torno a Alico, la empresa en la que se abrieron los mencionados fondos.

Según el fiscal, "las diligencias de invesigación hasta el momento practicadas permiten afirmar que la creación clandestina de sendos fondos de inversión a favor de Emilio Ybarra y otros consejeros de BBV por un importe de 19.267.721 dólares debe ser objeto de enjuiciamiento por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al haberse ya determinado la naturaleza y circunstancias del hecho constitutivo de un delito de apropiación indebida".

Para el fiscal, está probado que Emilio Ybarra y otros 19 consejeros más, uno de los cuales ya fallecido participaron de forma "clandestina" en el expolio del banco, "movidos por el propósito de obtener injustamente un beneficio patrimonial que les llevó a ocultar a terceros -entre ellos la Hacienda Pública- el montante en cada caso percibido, según la arbitraria distribución ideada y dispuesta por el entonces copresidente del BBVA".

Asimismo, añade que los beneficiados contribuyeron "activa y conscientemente, formalizando el instrumento jurídico que justificaba la transferencia desde BBV Privanza Bank Jersey) LTD a Alico".

Así, Emilio Ybarra y los 18 consejeros distrajeron "en beneficio propio y en correlativo perjuicio de la mercantil BBVA S.A." más de 19 millones de dólares, cantidad que respondía a la constitución de 22 fondos de inversión a nombre de los imputados.

El fiscal admite que la devolución de dicho importe al banco es una "realidad incontestable", si bien añade que ello obedeció, no a la propia y espontánea voluntad del ordenante, sino a que se descubrió "su ilícito actuar".

Para la fiscalía, todos los consejeros que se beneficiaron de los fondos "prestaron su consentimiento para que tales retribuciones, que además de indebidas eran clandestinas, les fueran abonadas a través de paraísos fiscales, con el fin de que permanecieran ocultas a la Hacienda Pública".

David Martínez Madero es partidario de ir investigando el caso por partes, con el fin de "simplificar y activar el procedimiento" y evitar dar lugar a un "macroproceso de dimensiones difícilmente abarcables que dejenen un segundo plano conductas, que si se hubiera profundizado en la instrucción, podrían haber sido objeto de acusaciones específicas e individualizadas".

DESOBEDIENCIA

Por otra parte, el fiscal Anticorrupción encargado de este caso quiere que el juez Garzón vuelva a pedir a Arthur Andersen "los papeles de trabajo donde figure la información, pruebas practicadas y evidencia requeridas de los apuntes contables realizados en el año 2000" y que en caso de negativa, advierta a los responsables de la entdad que pueden incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

Además, se muestra partidario de que se suspenda el expediente administrativo sancionador que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrió al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, dado que la vía judicial prevalece sobre la administrativa. Al haberse abierto una investigación por parte de la Audiencia Nacional, las diligencias iniciadas por la CNMV carecen de sentido.

LA COMPRA DE PROBURSA

Por último, la Fiscaía Anticorrupción insta a Garzón a pedir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que, "sin más dilación", aporte copia de las declaraciones del Impuesto de Sociedades del BBV y del BBVA correspondientes a los años 1995 y 2000, ambos inclusive.

La solicitud de esta documentación está encaminada a conocer la "trascendencia fiscal que para el BBV pudo suponer la adquisición del 22,15 por ciento del Grupo Financiero Probursa por BBV International Investment Corporation Puerto Rico". David Marínez Madero sospecha que estos hechos pueden ser constitutivos de un presunto delito de blanqueo de capitales.

Según apuntó la Fiscalía Anticorrupción en su momento, la entidad de Ybarra llevó a cabo una operación para hacerse con Mercantil Probursa a través de un banco especialmente creado al efecto en Puerto Rico.

En esta operación participaron, supuestamente, el presidente de Probursa, José Madariaga, y su hombre de confianza, Eduardo Pérez Montoya, situado por el FBI en la órbita del narcotráico.

Según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, Montoya habría facilitado al BBV la participación mayoritaria en Probursa "a cambio de legitimarle fondos procedentes de tal actividad ilícita (el narcotráfico), depositados en Grand Caiman".

Para esta operación se orquestaron una serie de préstamos "carentes de la mínima garantía" entre BBV International Finance Limited y la entidad creada en Puerto Rico.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón lleva la investigación judicial de la cuentas opacas que el BBV abrió y mantuvo en paraísos fiscales y los fondos de pensiones abiertos en dichos enclaves desfiscalizados a consejeros de la entidad.