Hernández está acusado de adjudicar nueve obras irregularmente por un importe de 70 millones de pesetas durante su mandato, que e inició en 1990 y que concluyó hace sólo un mes.

El fiscal acusó hoy a Hernández, en la vista oral del juicio que se celebra en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas, de adjudicar obras en el puerto de la capital grancanaria a la empresa Las Palmas Ingeniería y Servicios S.L., propiedad de su cuñado, José Manuel Santana Reyes.

Asimismo, el ministerio fiscal señala que Hernández adjudicaba a esta empresa obras de forma discrecional. Cuando se hacía mediante concurso público, también laempresa de su cuñado resultaba elegida, "aunque otras empresas presentaban ofertas iguales".

Según el ministerio fiscal, la mayoría de los contratos presentaban defectos técnicos, como la ausencia de registro y de fechas, o cuando éstas figuraban, la fecha de petición y presentación de ofertas era la misma, formalizándose el contrato al día siguiente.

También se ha detectado que algunas de las propuestas presentadas por dos empresas a un mismo concurso estaban formadas por una misma persona.

El ministerio fiscal le acusa además de no respetar las normas de incompatilidades, ya que uno de los socios de la empresa de su cuñado trabaja en la Autoridad Portuaria desde 1982 y simultaneaba su trabajo en ambas actividades.

Además, Hernández cambió el tipo de contrato que tenía el socio de su cuñado y rebajó a sólo 30 horas semanales su horario, cuando el mínimo según la Ley es de 40 horas semanales.

Tras conocer estas acusaciones del fiscal, Hernández manifestó estar tranquilo, "porque por o menos ahora ya sé de qué defenderme". Aseguró que ha sido objeto de una campaña de "acusaciones genéricas" y que a partir de ahora iniciará su defensa "con tranquilidad".

Hernández, militante socialista y ex dirigente de la UGT, llegó a ser diputado regional durante los primeros gobiernos regionales de Jerónimo Saavedra. Además, ocupó varios cargos internos en la organización socialista, alcanzando la presidencia de la Autoridad Portuaria a propuesta del PSOE canario.