En dicho informe, la Fiscalía de la udiencia Nacional sostiene que PCE(r) y los Grapo constituyen una "asociación criminal integral" formada por dos ramas, una política y otra militar, que defiende la violencia terrorista como medio para conseguir sus objetivos.

"La rama política esta constituida por el PCE(r), cuyo máximo órgano de responsabilidad, su Comité Central, nutre ideológicamente a la militar, los Grapo, fijando la táctica y la estrategia de la lucha armada, eligiendo objetivos y consiguiendo la infraestuctura y recursos econóicos", argumenta la Fiscalía.

Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, los miembros de la organización terrorista reclutados para los comandos legales, primero han de contactar con alguno de los miembros de PCE(r) en la clandestinidad, someterse a un período de "adoctrinamiento político" y pasar una "prueba de valía", tras lo cual reciben el visto bueno del partido para integrarse en los autodenominados "comandos militares".

En su informe, Molina explica que los comandos de los Grapo, "encargaos de ejecutar las 'acciones armadas'", estarían dirigidos por militantes de "alta formación política" y capaces de "soportar las condiciones de clandestinidad".

Sin embargo, añade Molina, "en la actualidad están compuestos mayoritariamente por personas procedentes de ambientes marginales y ocupas".

En cuanto a su infraestructura, Molina señala que la organización terrorista PCE(r)-Grapo adiestra a sus miembros en el manejo de las armas y técnicas de guerrila y les adoctrina políticamente, con elfin de "garantizar el compromiso con la causa y un alto grado de fidelidad con la dirección".

MEDIOS PROPIOS

Además, la organización terrorista PCE(r)-Grapo utiliza medios propios de expresión, como las revistas "Resistencia", "Antorcha", "A la calle" y "Solidaridad".

Molina destaca que "el aparato de propaganda es uno de los más importantes de la organización, debido a que través de las diferentes publicaciones que editan [...] logran una financiación extra, llegan a los diferentes colectivos adicales, lo cual aprovechan para realizar captaciones y adoctrinamiento de nuevos militantes, consiguiendo avanzar en los temas propios de la Comisión de Organización".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene que la información sobre los posibles objetivos terroristas procede tanto de la rama política como de la militar del entramado PCE(R)-Grapo.

El fiscal Molina pide a Garzón que dicte auto de procesamiento contra 24 presuntos miembros del Grapo por delito de integración en organización errorista.

Asimismo, solicita el procesamiento de 8 de ellos por falsificación de documentos oficiales, y de uno más por tenencia ilítica de armas.

IMPUTADOS

De los 24 imputados, 13 fueron detenidos entre julio y noviembre de 2002 en España: María Josefa Alarcón, Josefa María Baños, Leoncio y Victorio Calcerrada Fornieles, Aurora Cayetano, Yolanda Fernández Caparrós, Francisco Javier García Victoria, Carmen López Anguita, Juan Carlos Mata, Jesús Merino del Viejo, Israel Moleón, Carmen Muñoz Marínez, y Aníbal Saugar. Todos ellos se encuentran encarcelados en nuestro país.

Por otra parte, Josefina García Aramburu, Joaquín Garrido González, Fernando Hierro Chomón, Belén López Calderón, Marcos Martín Ponce, Marcos Manuel Regueira Fernández, Gema Belén Rodríguez Miguel, y María Angeles Ruiz Villa fueron detenidos en París (Francia) en julio de 2002 y se encuentran encarcelados en dicho país.

Los otros tres restantes, Israel Clemente Pérez, Antonio Lago Iglesias y Juan García Martín, se encuntran en paradero desconocido desde julio de 2002. Sobre ellos pesa una orden internacional de busca y captura.