Delgado hizo esta petición en el informe definitivo del que dio cuenta en la última jornada del juicio celebrado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La representante del Ministerio Público aseguró que los acusados "son la gente que hace que ETA pueda seguir matando y que se nutra de personas no fichadas por la policía".

La única modificación que hizo la fiscal Delgado sobre su petición inicial fue retirar la acusación que mantenía contra Koldo Rosado y Eneko Pérez, para quienes pedía en un principio seis años de prisión por un delito de colaboración con ETA.

Finalmente, Delgado acusó de un delito de pertenencia a ETA a los principales procesados, Ana Itxaso, Arkaitz Hormaeche y Anitz Eskisable, para quienes pidió nueve años de prisión. Aún así, la fiscal ofreció al tribunal la alternativa de que, si finalmente no hay base suficiente para condenar a estos tres acusados de un delito de pertenencia, se les imponga una pena de ocho años de cárcel por un delito de colaboración con ETA.

Por otro lado, la representante del Ministerio Público atribuyó un delito de colaboración con ETA a María Anunciación Alonso, Pagoa Zulueta y Ixone Fernéndez, para los que pidió siete años y medio de cárcel, así como a Alaitz Arteche, Asier Burgaleta, Ángel Alcalde y Mikeldi Díez, para los que solicitó seis años de cárcel.

Entre los procesados hay varias personas que están acusadas de integrar el aparato de información de ETA y de dedicarse a recabar datos, principalmente de concejales del PP y del PSOE y de miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, para la preparación de atentados.

A varios de los acusados se les imputa, además, haber realizado trabajos dentro de ETA para la captación de nuevos terroristas. Además, varios de los procesados están acusados de dar cobertura logística -ocultación en sus domicilios y transporte- a miembros de la organización terrorista.

Gran parte de la intervención de la fiscal estuvo orientada a desmontar las acusaciones de torturas alegadas por varios de los procesados para retractarse de las declaraciones que realizaron en sede policial tras su arresto y en las que inculparon a sus compañeros.