Además, el fiscal Ignacio Gordillo también insta al magistrado a que acuerde otras medidas suficientes para asegurar la fianza por responsabilidad civil que pide para el ex banquero, que asciende a un total de 00 millones de pesetas en concepto de indemnización a Banesto.

En su escrito, en el que reclama la apertura de juicio oral contra Conde y otro ex directivo de Banesto, Fernando Garro, así como contra Paulino Elorriaga y Lorenzo Pericata, el fiscal no precisa qué tipo de medidas debe adoptar Moreiras, aunque fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que pueden ser desde la obligación de comparecencias periódicas en el juzgado hasta su ingreso en prisión.

Según el fiscal, Conde podría haber cometio los delitos de apropiación indebida y falsedad, por los que solicita un total de 7 años de cárcel además de una multa de un millón de pesetas. También pide la misma pena para los otros tres imputados.

De acuerdo con el escrito del representante del ministerio público, hasta la intervención de Banesto el 28 de diciembre de 1993, varios directivos de la entidad, junto con otras personas ajenas a la misma pero de común acuerdo, se dedicaron durante 1990 y 1991 "a obtener dinero del banco en beneficio popio y en perjuicio de los accionistas y depositantes" cobrando de Banesto importantes cantidades de dinero mediante la presentación de facturas falsas.

El fiscal relata que una de las operaciones supuestamente delictivas ocurrió en julio de 1990 cuando Conde autorizó el pago de 600 millones de pesetas a Argentia Trust a cambio de una factura por esa cuantía en concepto de "trabajos realizados de carácter jurídico, financiero y de marketing, con objeto de estudiar la aceptación por los mercados financeros internacionales de una colocación privada de acciones de la Corporación Industrial y Financiera".

Sin embargo, el representante del ministerio público afirma que dichos trabajos "nunca fueron encargados ni tampoco realizados siendo el contenido de la factura totalmente inauténtico".

Señala que el importe fue remitido por orden de Banesto Industrial Investment en francos suizos a una cuenta de Argentia Trust en Suiza, pero agrega que la realidad es que Banesto Industrial Investment es una socedad instrumental residente en el "paraiso fiscal" de Gran Cayman. Afirma que, además, Argentia Trust no opera en ningún país y en España no tiene número de identificación fiscal ni actividad.

"Todo ello pone en evidencia que la transferencia de los 600 millones de pesetas se hizo a una cuenta en Suiza desapareciendo a partir de ese momento cualquier rastro del dinero, no siendo tampoco ingresado en ninguna cuenta de Banesto, perjudicando a los accionistas de dicha entidad y beneficiándose del mismo e encausado Mario Conde", asegura.

Añade que tampoco se destinaron los 600 millones, como dijo Conde, para pagar la concesión de exenciones fiscales pues, por una parte, el expediente para la concesión de dichos beneficios fiscales es gratuíto y, por otra, la Comisión de Exenciones Fiscales, tras los correspondientes informes favorables, acordó por unanimidad conceder las exenciones por orden de 20 de abril de 1990 del Ministerio de Economía y Hacienda "cuando, curiosamente, la factura de Argentia Trus" estaba fechada tres meses después de esa concesión.

"En definitiva, los 600 millones de pesetas fueron en beneficio del encausado Mario Conde y, quizás, de personas desconocidas, causando nuevamente un importante perjuicio a los accionistas de Banesto y sirviéndose como medio para obtener dicha cantidad de una factura inauténtica y que había sido fabricada posteriormente para justificar la apropiación del dinero, no constando la misma en la contabilidad de Banesto en ningún momento, tal como señala l Servicio Ejecutivo del Banco de España en su informe de fecha de 4 de enero de 1995", concluye el fiscal.

Gordillo acusa a los otros tres imputados de haber participado en otra operación, consistente en la emisión por parte de Banesto, el 6 de marzo de 1991, de dos cheques por la cantidad de 22.400.000 pesetas cada uno a favor de "Publitax Publicidad S.A." como importe del "estudio sobre las repercusiones de la crisis del Golfo Pérsico en el sector de la construcción e inmobiliario de Madrid y su ára metropolitana".

Estas facturas iban firmadas por una persona inexistente, Ignacio Solchaga García de Biedma, que actuaba como consejero delegado de Publitax. Sin embargo, el fiscal precisa que ni esa persona ni el cargo existe y que, además, nunca fue encargado dicho estudio a esa empresa que, por otra parte, se dedicaba a la publicidad en los taxis y ya no estaba activa cuando se emitieron las facturas.

El fiscal indica que Elorriaga entregó a Pericats los impresos con el membrete de Publitax on el fin de que este último emitiese las facturas inauténticas, operación por la que Elorriaga cobró 800.000 pesetas.

Agrega que Pericats cobró las facturas en Banesto, recibiendo por ellas dos cheques de 22.400.000 pesetas, pago al que dio el visto bueno el entonces director general de Medio y Servicios de Banesto, Fernando Garro, a pesar de que conocía que las facturas no eran auténticas y que la Comisión de Seguimiento de Pagos y Control del Gasto de Banesto no había autorizado. "El dinero, en defnitiva, fue en beneficio de los tres encausados y en perjuicio de los accionistas de Banesto", afirma el fiscal.