Burgos pidió la imputación de estos cinco militares al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska en el marco de la investigación que el magistrado está llevando a cabo sobre la contratación del Yak-42, el avión que el 26 de mayo de 2003 se estrelló en Trebisonda (Turquía), provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de Afganistán.

En concreto, el representante del Ministerio Público pide la imputación del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante general Antonio Moreno; del jefe del Estado Mayor Conjunto (Jemacon), el general de división Juan Luis Ibarreta, y del jefe de la división de Operaciones del Emacon y del Grupo de Control de Contratos, el contraalmirante José Antonio Martínez.

Además, solicita la imputación del coronel jefe de la Sección Logística de la División de Operaciones del Emacon, Joaquín Yáñez, y al comandante de esta misma sección, Alfonso Elías Lorenzo.

En un escrito dirigido a Grande-Marlaska, Burgos acusa a estos cinco militares de haber "incumplido los deberes mínimamente exigibles de vigilancia, control e inspección de los vuelos en los que eran transportadas las tropas".

Con el citado escrito, el representante de la Fiscalía apoya parcialmente la solicitud realizada por los abogados de los familiares de las víctimas, quienes habían solicitado la imputación de 20 militares, entre ellos la totalidad de la cúpula militar en el momento del accidente.

Pero lo que Burgos no ha respaldado ante el juez es la solicitud de los familiares de las víctimas de imputar en la causa al ex ministro de Defensa Federico Trillo por los delitos de homicidio por omisión, malversación de caudal público y falsedad documental.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Para el fiscal Burgos, de lo investigado hasta el momento por el juez Grande-Marlaska se desprende que el accidente de Tuquía se produjo porque el avión "no reunía las condiciones mínimas de seguridad para un transporte de esta naturaleza".

Por lo tanto, considera que la investigación penal debe centrarse "en la averiguación de todas aquellas circunstancias que por acción u omisión hayan podido influir en la producción del siniestro" así como "en la actuación de las autoridades españolas (en este caso del Ministerio de Defensa) en relación con la organización, contratación, ejecución, vigilancia, inspección y supervisión del vuelo".

Burgos asegura que en los cinco militares imputados se observa una "absoluta falta de diligencia" en esta labor de inspección que tiene "una relevancia penal de indudable como imprudencia grave en la producción del siniestro".

Además, el representante del Ministerio Público sostiene que los militares imputados "tenían conocimiento de las enormes deficiencias e irregularidades" de los vuelos en los que se transportaban las tropas, como lo acreditan los informes y la quejas que a este respecto recibió la cúpula militar antes del accidente y de los que se hace eco en su escrito.

Por otro lado, señala que "la incontrolada cadena de subcontratas" para el transporte de las tropas "permitió que de los 149.000 euros" destinados en principio a la contratación del Yak-42, la compañía propietaria del avión "percibiera únicamente 38.422 euros".

"Ese abaratamiento del coste final en el medio de transporte fue posible naturalmente a costa de reducir de forma irresponsable las condiciones de calidad, seguridad y fiabilidad del avión", señala por último Burgos, quien reclama que la investigación se centre también en esta circunstancia.