Según consta en el escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado, por el mismo delito, dos años y diez meses de prisión para el ex alto cargo del BBV Luis Bastida.

Además, pide tres años de prisión, también por el mismo delito, para el ex consejero delegado del BBV Pedro Luis Uriarte, así como para los ex altos cargos de la entidad José Domingo Ampuero y Gervasio Collar. Anticorrupción considera que Ybarra, Collar, Ampuero y Uriarte son responsables del citado delito en concepto de autores, mientras que Bastida lo es como cooperador necesario.

La Fiscalía Anticorrupción pide menos pena para Ybarra porque considera que ha de aplicársele la circunstancia atenuante de confesión.

La Fiscalía Anticorrupción considera probado que en 1987, el entonces Banco de Vizcaya "encargó a un gabinete jurídico la creación de una estructura con la que poder adquirir reservadamente acciones propias para defenderse de eventuales operaciones que pudiera llevar a cabo cierto grupo inversor kuwaiti dirigidas a alcanzar una relevante posición accionarial en el citado banco español".

Dicha estructura se concretó en cuatro sociedades constituídas en noviembre de ese año en la isla de Jersey: Abreveux LTD, Ballintrae LTD, Coriander LTD y Darjon LTD. A través de ellas, el Banco de Vizcaya ordenó la compra de acciones propias "en número suficiente para neutralizar el citado intento de control del capital social por parte de terceros".

MANTENER EL ENTRAMADO

"Una vez logrado este fin, Banco de Vizcaya optó, sin embargo, por mantener la autocartera en el entramado de Jersey, situación que perduró tras llevarse a cabo la fusión" que dió lugar al Banco de Bilbao Vizcaya (BBV), dice la Fiscalía Anticorrupción.

El Ministerio Público sostiene que en el cuarto trimestre de 1989, los integrantes de la Comisión Delegada Permanente del Consejo de Administración del BBV, entre ellos Ybarra y Collar, tuvieron "cabal conocimiento de dicha realidad".

"Acordaron mayoritariamente la liquidación de la autocartera y la regularización de la situación, iniciándose así un proceso de sucesivas ventas de acciones", dice Anticorrupción.

No obstante, y tras alcanzar en enero de 1990 la presidencia del BBV, "Ybarra decidió seguir manteniendo fuera de la contabilidad oficial y al margen del control institucional del banco tanto la citada autocartera como los resultados de las operaciones con ella ejecutadas".

El 31 de enero de 1992, quedaban sin vender 2.465.000 acciones del BBV en poder de las sociedades de Jersey, que fueron transferidas, por orden de Ybarra, a la Fundación Candiac, que recibió además, entre febrero y marzo de ese año, el producto de la gestión de autocartera.

Esto supuso el ingreso en Candiac de fondos por un contravalor total de 8.588,7 millones de pesetas que, desde ese año, "fueron gestionados de manera muy dinámica, efectuándose diversas inversiones que generaron importantes beneficios".

En febrero de 1995, la fundación Candiac pasó a denominarse Amelan y para entonces sólo tenían firma y poder de representación Collar, Bastida y un tercero. Anticorrupción sotiene que los órganos de gobierno de BBV carecían de todo control sobre los citados fondos que, pese a no aparecer en su contabilidad oficial, fueron también conocidos tanto por Ybarra como por sus "más inmediatos colaboradores", como Uriarte y José Domingo Ampuero, vicepresidente de BBV desde finales de 1995.

SIN RASTRO EN LA CONTABILIDAD

Para Anticorrupción, tales fondos "sirvieron para realizar determinados pagos sin rastro en la contabilidad oficial del Banco y a resguardo de todo control institucional sobre la procedencia, conveniencia y, en su caso, legalidad de los mismos".

Así, Anticorrupción asegura que Ybarra y Uriarte decidieron aportar dinero a la campaña electoral Hugo Chávez, entonces candidato a la presidencia de Venezuela. "Aún siendo conscientes de que cualquier desembolso a una formación política realizado con cargo a fondos de BBV constituía en principio una actividad ajena al desarrollo ordinario de su objeto social, decidieron autorizar la contribución exigida en la creencia de que así cooperaban a la subsistencia de la filial local", dice Anticorrupción.

Pese a operaciones como esta, dice Anticorrupción, "sin rastro alguno en la contabilidad oficial, los acusados, en su condición de adminsitradores, firmaron en el plazo oportuno las Cuentas Anuales del BBV S.A. correspondientes a los ejercicios de 1998 y 1999", que les fueron presentas por Bastida, entonces director general financiero y máximo responsable del Departamento Fiscal y de Auditoría Interna de la entidad.

"Los acusados Ybarra, Uriarte, Collar y Ampuero supieron y pudieron venir en conocimiento tanto de la inexactitud de las cuentas que formularon en las que se ocultaron los referidos pagos e ingresos y las correlativas pérdidas y ganancias, como de la eventual pérdida de imagen corporativa que, tras conocerse, había de suponer el mantenimiento de un relevante patrimonio a espaldas del control institucional de BBV, de sus accionistas y de terceros", dice el fiscal.

El 19 de octubre de 1999, el Consejo de Administración de BBV aprobó el proyecto de fusión por absorción de Argentaria. De la entidad resultante fueron designados como copresidentes Ybarra y Francisco González Rodríguez, quien, en septiembre de 2000, conoció la existencia de los fondos del banco en Jersey "que no lucían en la contabilidad oficial, por lo que instó a que fueran regularizados antes del cierre del ejercicio".

Así, a finales de diciembre, Ybarra ordenó la disolución de la Fundación Amelan y el reintegro a BBVA de los fondos extracontables, lo que tuvo lugar entre el 10 de enero y el 8 de febrero de 2001 por un importe de 37.427 millones de pesetas, que fueron contabilizados a 31 de diciembre de 2000 como beneficios extraordinarios de BBVA.