Los hechos se remontan al 5 de diciembre de 1987 cuando, según el ministerio público, el procesado se apropió del mencionado botín en la casa de una tía suya.

El fiscal estima que los hechos constituyen un delito de hurto, por el que en sus conclusiones provisionales solicitaba una pena de un año de prisión menor.

Sin embargo, tras practicarse la prueba testifical, pericial y documental, el fiscal aumentó su petición hasta los cuatro años y dos meses de cárce por considerar que concurría la agravante de que los chorizos habían sido robados en la casa de un familiar, abusando de su confianza.