En sus conclusiones definitivas, el fiscal decidió retirar este mediodía los cargos contra Mejuto por un delito de estafa, cuyo valor en dinero asciende a unos 4 millones de pesetas, cantidad que ha podido ser probada respecto a los casi 18 millones que se le habían atribuído en un principio. A juicio del fiscal, el ex funcionario de InstitucionesPenitenciarias falseó presupuestos de la prisión en beneficio propio.

El juicio quedó hoy visto para sentencia. El fiscal aseguró que Mejuto se apropió de al menos 4 millones de pesetas procedentes de una subvención presupuestaria entregada por el Ministerio de Justicia e Interior para sufragar el coste de unas obras de reforma en el citado centro penitenciario.

Joaquín Mejuto se sentó durante el juicio en el banquillo junto a Miguel Díez de Espada, director general de la empresa Made Seguridad SA., al que, según el escrito del fiscal Miguel Angel Anadón, se le imputa haber concertado con Mejuto la adjudicación de dichas obras, para cuyo desarrollo se había presupuestado una partida inicial de 25 millones de pesetas. El fiscal reclamó un año de cárcel para Miguel Díez de Espada.

Dichos presupuestos -presuntamente fraudulentos- fueron remitidos por Mejuto a la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia e Interior (entonces de Interior) el 10 de octubre de 1990. Un me después se le adjudicaba la obra a la empresa Made Seguridad S.A.

Con anterioridad al juicio que finalizó hoy el ex director de la cárcel palmesana había sido juzgado y condenado por un delito de malversación de caudales públicos mientras dirigía el penal, en una vista judicial que tuvo lugar el pasado 25 de octubre de 1994.