En el escrito de acusación presentado hoy ante el juzgado de Fernando Grande-Marlaska, Burgos solicita además cuatro años y medio de prisión para los subalternos de Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez.

Navarro, Ramírez y Sáez fueron los militares que integraron el equipo médico que llevó a cabo la identificación de los cadáveres y que emitió los correspondientes certificados de defunción tras el accidente del Yak-42, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía).

El fiscal acusa a todos ellos de un delito continuado de falsificación en documento oficial por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron a 30 víctimas del accidente aéreo una filiación que no era la suya.

Para el general Navarro, Burgos solicita, además, una multa de 60.000 euros y la inhabilitación especial por un periodo de cinco años, mientras que para Ramírez y Sáez pide una multa de 24.000 euros e inhabilitación de cuatro años.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Los errores en la identificación de los cadáveres del accidente aéreo provocaron que fueran entregados a muchos de los familiares de las víctimas restos que no eran los de sus seres queridos. Esto tuvo como consecuencia que se enterrara o incinerará a personas que no eran los familiares que se creía.

El fiscal Burgos considera que esta circunstancia provocó un "gran daño moral" a los familiares de las víctimas, por lo que pide que los tres acusados indemnicen con 25.000 euros a cada uno de los cónyuges, padres e hijos de los 30 fallecidos que fueron erróneamente identificados.

Ante la indemnización solicitada, que en total alcanzará una suma astronómica, el fiscal ha pedido que se considere al Estado responsable civil subsidiario por los errores en la identificación de cadáveres cometidos por los tres militares.

Por otro lado, en el escrito presentado esta mañana, el fiscal Burgos incorpora un listado detallado de todos los fallecidos que fueron erróneamente identificados por los militares.

Además, solicita que comparezcan como testigos en el juicio los peritos del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses que realizaron las pruebas de ADN que demostraron que los militares se habían equivocado al identificar los cadáveres del accidente aéreo.

El fiscal ha presentado su escrito de acusación después de que el pasado 15 de abril la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ordenará a Grande-Marlaska reabrir la investigación sobre los errores en la identificación de cadáveres. Tras recibir esta orden, el juez inició los trámite para poder llevar a juicio a los tres militares españoles acusados.

Ahora, cuando se reciban todos los escritos de acusación y la defensa de los militares se pronuncien sobre ellos, Grande- Marlaska elevará la causa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que se pueda celebrar el juicio.