Según el ministerio fiscal, los dos operarios de la empresa, que trabajaban de forma permanente en Bellvitge, no comprobaron el sistema de frenado de emergencia del ascensor, "consecuencia directa de la falta absoluta de previsión y diligencia de los acusados.

Asimismo, el acusador público pide para el jefe de mantenimiento del centro sanitario, Joaquim Ramentol, 30 días de arresto y una multa de 50.000 pesetas por escuidar sus obligaciones, ya que solicitó con cuatro meses de retraso la revisión periódica del ascensor siniestrado.

Los abogados del comité de empresa del hospital piden, como acusación particular, las mismas penas que el fiscal para los operarios, y para el jefe de mantenimiento seis meses de prisión.

El jefe de área de Giesa, Jesús López Bosch, superior de los dos técnicos procesados, está acusado por la Asociación de Integración Sanitaria del usuario. Esta entidad pide para los operarios cutro años de cárcel.

Asimismo, todos los familiares de las siete víctimas del accidente, entre las que había dos niños, ya han cobrado las indemnizaciones correspondientes y han renunciado a presentar acciones penales contra los responsables de mantenimiento.

El director de Giesa en Cataluña, Pere Serrats, manifestó hoy su desacuerdo con la acusación del fiscal porque, según dijo, los empleados realizaron correctamente su trabajo y la pieza que se rompió no podía revisarse porque "es una barra cilndrica, y lo que está dentro es imposible de ver". Serrats explicó que "según los peritajes que se hicieron, había un fallo de material de origen".

Los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 1989 cuando el ascensor se precipitó al vacío desde el piso 14 del hospital, y llegó a alcanzar 70 kilómetros por hora.

Por otra parte, la decisión del juez instructor del caso, Julián García Deulate, de no dejar entrar en la sala donde se celebraba la vista a más de diez personas, provocó hoy la indignación de ls partes implicadas. En el interior del juzgado no pudieron acceder ni los medios de comunicación ni los miembros del comité de empresa del centro sanitario ni los trabajadores de Giesa.

A pesar de que el juez conocía de antemano que muchas personas no podrían entrar en la sala del Juzgado número 1 de lo Penal de Barcelona debido a sus reducidas dimensiones, no quiso buscar un local más amplio. El magistrado comparó la situación con el turno de guardia de un supermercado, y ayer reiteró que sólo entraían los diez primeros que llegaran.