En el juicio se veía el embargo por 130 millones de pesetas a esos agricultores, que al vender el cereal a la citada organización para su comercialización en el mercado se hicieron sin saberlo avalistas de un crédito bancario que nofue pagado y del que se vieron obligados a hacerse cargo.

Entre los acusados está el tesorero de la organización, posteriormente secretario de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, José Gabriel Martín Astruga, de quien su abogado dijo hoy que este caso le ha causado graves perjuicios morales, profesionales y políticos.

Las acusaciones han pedido para los seis procesados penas de entre seis y doce años de cárcel y una indemnización de 150 millones de pesetas por estafa, aproiación indebida y falsificación de documento mercantil.