Ambos están acusados de firmar en 1988 un documento en el que Fluxá se comprometía a ingresar en el Ayuntamiento de Yaiza 100 millones de pesetas en concepto de "resarcimiento de daños morales, de imagen y honorabilidad".

Para el fiscal, esa cantidad contituye un "pago de favores", en el que habría incurrido García Bravo. La acusación particular aprecia además cohecho, falsedad y coacciones.

La misma sala condenó al alcalde lanzaroteño y diputado regional por un delito de prevaricación ete mismo año, dictando su inhabilitación como concejal del Ayuntamiento, aunque la sentencia no fue firme al recurrirla Honorio García.

En caso de que se retrase o prolongue este juicio hasta el miércoles, podría no prosperar la moción de censura contra el actual presidente de Canarias, el socialista Jerónimo Saavedra, ya que para ese día está fijada la votación en la que el voto de García Bravo hace el número 31, que es el mínimo indispensable para que salga adelante.

También está pendiente una claratoria del Tribunal Supremo sobre si la inhabilitación dictada contra el senador y diputado regional del PIL, Dimas Martín, le afecta sólo como concejal o se extiende al resto de puestos públicos. Martín, por su parte, afirma que acudirá al Parlamento regional y votará la moción de censura.