EL FISCAL PIDE 49 AÑOS DE PRISION PARA 4 DIRECTIVOS DE BANKPYME POR UNA ESTAFA DE 2.000 MILLONES DE PESETAS AL FISCO
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El fiscal pidió hoy un total de 49 años de cárcel para la cúpula directiva del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme) por su presunta implicación en un fraude de 2.000 millones de pesetas a Hacienda a través de fondos de iversión, según consta en el escrito de calificaciones provisionales entregado hoy al juzgado.
El ministerio fiscal considera a Josep Jané Solá, presidente de la comisión ejecutiva de la entidad bancaria; a Josep Maria Fabregat, presidente del consejo de administración; a Francesc Busquets, vicepresidente del mismo organismo, y a Alberto Rivillo, responsable de Bankpime SA Gestora de Instituciones de Inversión, responsables de un delito de fiscal y de falsedad documental.
Además de la acusación a os cuatro directivos, el ministerio público pide un total de 144 años de cárcel para 30 inversores de la entidad, los cuales habían escondido su dinero en fondos Multidinero y Multivalor. El fiscal solicita penas que van desde los 2 a los 6 años de prisión.
En el caso de los directivos, las penas solicitadas por la acusación van desde los 10 años de cárcel para Rivillo a los 13 años pedidos para Jané. Para Busquets se piden, además, 4 años de cárcel por poseer un fondo no declarado por valor de 348 milones de pesetas.
En el escrito, hecho público hoy, el fiscal solicita 2.000 millones de multa para cada uno de los directivos y una indemnización por la misma cantidad, a la vez que reclama que la entidad bancaria sea declarada responsable civil subsidaria para poder hacer frente a las cantidades reclamadas.
El proceso judicial se inició en diciembre de 1993 cuando la titular del juzgado de instrucción número 3 de Barcelona, Montserrat Comas, ordenó que se realizara un registro de los dos fondosde inversión ofertados por Bankpyme y en los que se habían depositado un total de 62.000 millones de pesetas.
En apenas un mes, varios de los inversores realizaron declaraciones complementarias, por lo que afloraron casi 800 millones de pesetas que habían sido defraudados a Hacienda. La investigación judicial se centró en las inversiones superiores a 120 millones. En concreto, se controlaron las cuentas de unos 60 clientes, aunque la acusación sólo se dirige contra 30 inversores.
Según consta en l escrito presentado por el fiscal, algunos de los clientes utilizaban identidades falsas, con el beneplácito de los directivos, que ofrecían a los inversores la oportunidad de esconder su capital, generando de esta forma una importante bolsa de dinero negro.
(SERVIMEDIA)
26 Abr 1995
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