Según el escrito e conclusiones provisionales del fiscal, los procesados robaron un vehículo en Alicante a punta de pistola días antes del atentado. Tras cambiarle las placas de la matrícula, prepararon el coche con 20 kilos de amonal y lo aparcaron frente al cuartel de la Guardia Civil, con la intención de hacerlo explotar cuando la policía acudiera a inspeccionarlo.

Narváez Goñi fue el encargado de avisar por teléfono al Parque de Bomberos y la Cruz Roja anunciando la colocación del explosivo. Una patrulla policial cudió al lugar y, cuando uno de los funcionarios inspeccionaba el interior del vehículo, la carga explotó causándole la muerte instantánea.

El fiscal considera que los hechos constituyen delitos de atentado, sustracción de vehículo, falsedad de placas de matrícula y estragos, por los que solicita las penas anteriormente citadas ademásde una indemnización de 20 millones de pesetas para los familiares de la víctima.