El ministerio público acusa a María Jesús Romero Vega de participar en tres atracos, junto a Román Foncubierta, perpetrados en 1978 en un banco de Málaga y dos de Avilés, en los que se apoderaron de cerca de 13 millones de pesetas.

El primero de los asaltos se produjo el 2 de mayo en una sucursal del Banco de Santander situada en la calle Martínez Maldonado de Málaga. Los dos "grapos" amenazaron con sus armas a los empleados y obligaron al inteventor a abrir la caja acorazada, de donde cogieron 8.991.000 pesetas.

El 3 de septiembre los terroristas robaron 600.000 pesetas en una de las oficinas del Banco Central en Avilés y unos días más tarde atracaron una sucursal del Banco de Comercio en la misma localidad, obteniendo como botín 3.238.000 pesetas.

Asimismo, la Audiencia Nacional enjuiciará a María Jesús Romero por su participación en el intento de secuestro del director del Banco de Bilbao en Oviedo, Leopoldo Fernández Jardón, el 12 e diciembre de 1987.

Según las conclusiones del fiscal, la procesada vigiló durante el mes de noviembre los hábitos del banquero, junto a Ana María García.

El plan de los "grapos" era esperar en las inmediaciones de su domicilio a Fernández Jardón al regresar del trabajo. Cuando la víctima llegó, María Jesús Romero se quedó en el portal esperando, mientras que Ana María García y Román Foncubierta subieron en el ascensor con él.

Al bajarse, intentaron entrar en su casa con el banquero, pero éte empezó a gritar y huyeron, disparando sobre él. La policía les detuvo en su fuga, aunque María Jesús Romero consiguió escapar y fue arrestada posteriormente, el 26 de octubre de 1990.

Lorenzo Fernández Jardón recibió un impacto en el hombro derecho y otro en el espacio intercostal, que le perforó el lóbulo superior derecho del pulmón y le afectó además en el diafragma y el hígado.

El fiscal considera que los tres primeros delitos constituyen robo con intimidación, por los que solicita 6 años d prisión para la procesada por cada uno de ellos, y el cuarto asesinato frustrado, por el que pide 20 años de reclusión mayor.

No obstante, el ministerio público recoge como calificación alternativa para el último supuesto un delito de robo con toma de rehenes, al que correspondería una pena de 12 años de prisión menor.