Sgún el ministerio público, la operación fue preparada por dos propietarios de una asesoría que se encargaba de captar a los ganaderos solicitantes de las ayudas y los veterinarios de la consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Murcia, que garantizaba la operación fraudulenta, al no realizar las inspecciones correspondientes.

El fiscal acusa a los dos asesores de los delitos de cohecho, falsedad y estafa y pide para cada uno de ellos un total de 11 años de prisión y multas de 3,8 millonesde pesetas, a los veterinarios les acusa de los mismos delitos y pide para cada uno de ellos 18 años cárcel y 4 millones de pesetas de multa.

En su escrito, el fiscal expone que los hechos ocurrieron a mediados de 1987 hasta 1988, cuando los propietarios de la asesoría y los veterinarios decidieron en común defraudar los intereses de la CE, a través de las ayudas que concedía a los ganaderos de caprino y ovino para obtener un ilícito beneficio.

Asimismo, el fiscal indica que los veterinarios manpularon los datos informáticos para normalizar las solicitudes fraudulentas, de tal modo que los clientes captados por la asesoría quedasen a cubierto de cualquier eventualidad.

El trámite que puede retrasar de forma más grave el comienzo del juicio es la formulación del escrito de defensa por parte de todos los letrados de los acusados, ya que podrían ser decenas los profesionales que se personaran en el proceso, que se celebrará en una sala especial debido a las dimensiones de todas las salas del Paacio de Justicia.

Los ganaderos acusados manifestaron tener un mayor número de cabras y ovejas de las que tenían realmente o incluso sin ser ganadero para obtener las ayudas de la CE.

Según ha podido saber Servimedia, las cantidades realmente defraudadas han sido 25 millones de pesetas, aunque la cantidad que se iba a estafar superaba 250 millones de pesetas según las ayudas que los ganaderos habían solicitado.