Las dos acusaciones particulares, representadas por el sindicato Unión de Técnicos y Cuadros de RTVE y el abogado José Molina Samos, incrementan su petición a 14 años, 8 meses y un día de cárcel y una indemnización superior a los 11 millones de pesetas, al incluir en la lita regalos efectuados por la ex directora y otros gastos injustificados pagados de las partidas presupuestarias del ente.

Según el escrito provisional de calificaciones del fiscal, entre 1986 y 1988 Pilar Miró encuadró sus gastos de vestuario en las partidas de "gastos protocolarios", "relaciones externas" y "atención a personalidades", pese a saber que no podía hacerlo porque así se lo habían advertido el director económico financiero y la Intervención Delegada.

Sin embargo, el ministerio públic subraya que no está acreditado que la procesada tuviera "ánimo de apoderamiento definitivo" sobre los gastos y recuerda que reintegró el importe total de las facturas a la tesorería de RTVE cuando le fue requerido, en noviembre de 1988.

Por ello, estima que los gastos no supusieron perjuicio económico alguno para el ente "ni hubo exceso de gasto en las partidas presupuestarias en que fueron cargadas".

PENDIENTES, CANARIOS Y FLORES

Las acusaciones particulares señalan no obstante que la malversción de caudales públicos ascendió a 11.425.264 pesetas, ya que Pilar Miró realizó diversos regalos bajo el mismo concepto, negándose a revelar a quiénes iban destinados, entre los que figuran marcos de plata, lotería, objetos de papelería de la marca Loewe, pendientes, dos canarios y flores.

Recogen además gastos sin justificar de viajes a Nueva York, Berlín, Cannes y Buenos Aires, así como de la compra de diversas alhajas, "gastos de carácter social", e incluso un perro cocker.

Los acusadores idican que la ex directora concedió "con un criterio discriminatorio" gratificaciones superiores a los 6 millones de pesetas a diversos directivos del ente público y de las sociedades adscritas.

Además, añaden que Pilar Miró contribuyó a modificar numerosos contratos de RTVE sobre producciones de películas para que fueran dirigidas por ella misma, lo que originó gastos adicionales al ente.

El abogado de la procesada, José Manuel Gómez Benítez, solicita la libre absolución argumentando que Pilar Mió dispuso la compra de vestuario "para uso institucional de ella misma en los actos en los que debía intervenir en su condición de directora general".