De acuerdo con las conclusiones del fiscal, la primera de estas acciones fue cometida en el mes de mayo de 1989 y en ella participó otro terrorista, en situación de rebeldía, que se encargó de robar a punta de pistola el coche a un taxista en Amorebieta (Vizcaya).

Tras atar al taxista a un árbol en un monte próximo a Lezama, los terroristas se trasladaron en el vehículo hasta La Peña, dond colocaron en el maletero del coche un artefacto explosivo compuesto por 20 kilos de amonal y tornillería, con un sistema de iniciación oculto entre cemento, de tal manera que no fuera detectado por la policía y estallase mientras lo desactivaban, señala el fiscal.

En la madrugada del día 24 de ese mes, los dos procesados colocaron un artefacto de escasa potencia en un concesionario de automóviles de Zorroza (Vizcaya), con el fin de atraer a ese lugar a funcionarios del equipo de desactivación de explsivos. Simultáneamente, el otro etarra estacionó el taxi con la bomba a escasos metros del concesionario.

Tras estallar el primer artefacto, acudieron varios miembros del equipo de desactivación de explosivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la 'Ertzaintza', que inspeccionaron la zona en busca de otra bomba, detectando la presencia del taxi robado.

Al revisarlo, comprobaron la existencia en su interior de la bomba, que estalló cuando procedían a desactivarla, causando la muerte a los policías acionales Manuel Jódar Cabrera y a José María Sánchez García y al 'ertzaina' Luis Hortelano García.

Además, resultaron heridos otros cuatro policías y un bombero y sufrieron desperfectos numerosas viviendas, locales y vehículos de la zona.

Por este atentado, el fiscal solicitará durante la vista un total de 202 años de cárcel para cada uno de los procesados, a los que acusa de un delito de atentado, dos de asesinato, cinco de asesinato en grado de frustración y de otro delito de terrorismo.

demás, los etarras serán juzgados ese día por haber colocado, en el mes de noviembre de 1988, tres artefactos explosivos en otros tantos concesionarios de automóviles de la marca Renault en las localidades vizcaínas de Erandio, Lejona y Las Arenas.

Las dos primeras bombas estallaron causando desperfectos, mientras que la tercera fue desactivada por la policía. Por esta acción, el fiscal solicitará para cada procesado un total de 20 años de cárcel por un delito continuado de terrorismo.