En el atentado, cometido en el kilómetro 72 de la carretera Ondárroa-Vitoria, resultaron heridos los tres guardias civiles que ocupaban el vehículo: el cabo Juan Papiol y los guardias segundo José López y Francisco Reyes.

En el curso de la vista oral los cuatro procesados, Jesús María Ciganda Sarratea, Fermín Urdiáin Cirizar, Jan Carlos Balerdi Iturralde y Pedro José Echeverría Lete, se negaron a contestar las preguntas del fiscal y dijeron no reconocer al tribunal que les juzgaba, por lo que solicitaron abandonar la sala, petición que fue aceptada por el presidente de la misma.

Concretamente, Jesús María Ciganda, que dijo ser "militante de ETA" de profesión, señaló que "este tribunal carece de autoridad jurídica" para juzgar a cualquier miembro de ETA, cosa que sólo puede hacer, según el procesado, el pueblo vasco.

El11 de mayo de 1988 Ciganda, Urdiáin y Balerdi colocaron, en palabras del fiscal, un artefacto explosivo en la pared exterior de la central de energía eléctrica Solo-Goin, situada junto a la carretera comarcal Ondárroa-Vitoria, en Placencia de las Armas.

Sobre las 7 horas de aquel día, y después de divisar una patrulla de la Guardia Civil integrada por tres vehículos que se acercaba al lugar, Ciganda accionó el mando a distancia provocando la explosión del artefacto, que alcanzó al primero de los coche oficiales.

El explosivo, de cuya colocación tenía conocimiento el cuarto de los procesados, Lete, estaba compuesto por dos cargas, cada una de ellas con 10 kilos de goma-2 y amonal y 6 kilos de metralla.

Según el perito que testificó en el juicio, el artefacto pudo haber causado la muerte de los tres guardias civiles, "de haber alcanzado de pleno al vehículo", cosa que no sucedió por un supuesto fallo en la sincronización del mando a distancia.

La petición fiscal de 208 años de cárcel se fudamentó en la declaración autoinculpatoria que los propios procesados hicieron en dependencias de la Guardia Civil tras ser detenidos.

Además de los daños personales ya reseñados, el atentado causó daños materiales por un valor próximo a los 27 millones de pesetas, según las estimaciones del fiscal.

Por su parte, el letrado encargado de la defensa de los terroristas solicitó su libre absolución.