La acusación particular solicitó para los 4 procesados una pena de 12 años de inhabilitación en cargo público, una multa de 500.000 pesetas y una indemnización a la promotora de las obras de 750 millones.

Los 4 acusados de prevaricación y desobediencia son el alcalde de Formenter, Antonio Serra, el ex alcalde de esta localidad Bartolomé Ferret Marí y los concejales Ferrer Mayans y Eduardo Ferrer Carrer.

Por orden del Tribunal Supremo, Bartolomé Ferret concedió en su día a Formentera Club S.A. la licencia de las obras a través de un recurso que interpuso la promotora, a la que en un principio le fue denegado este permiso.

En la sentencia se concedieron 3 meses para firmar el permiso, pero el Ayuntamiento lo firmó 3 días después de expirar el plazo. La promotora denunció a Ayuntamiento por desacato al Tribunal Supremo y por los perjuicios económicos ocasionados por el retraso de las obras.

Las denuncias de la promotora llegaron a los tribunales hace un año. En noviembre del pasado año, la Coordinadora Anti-camping convocó una huelga general en toda la isla de Formentera, que afectó al 80 por ciento de la población y en la que se manifestaron unas 4.000 personas, más de la mitad de la población total de la isla.

Las 4 compañías navieras que prestan servicio marítim entre Ibiza y Formentera transportaron hoy gratuitamente desde esta isla al juicio a más de 1.000 ciudadanos, que se concentraron en la misma puerta, "en un acto solidario que honra al pueblo pitiuso", declaró a Servimedia el diputado socialista Antonio Costa.

Entre los testigos llamados a declarar se encuentran el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad balear Avelino Blasco, a quien el Gobierno balear solicitó un informe jurídico en el que se demostraba la ilegalidad de las obras deeste camping atendiendo, entre otras causas, a la Ley de Espacios Naturales de la comunidad autónoma.