El edil, que abandonó el cargo el pasado mes de febrero por disensiones internas en el equipo de gobierno municipal, negó todos los cargos ante el tribunal de la Audiencia de Madrid, onde comenzó hoy el juicio, y aseguró que era objeto de un montaje por parte de los padres de los pequeños "que siempre han sido contrarios a mis teorías políticas".

Los hechos se remontan a la primavera de 1987, cuando el menor de los pequeños que frecuentaban al alcalde en su domicilio, F.J.S.C., de siete años, se preparaba para tomar la primera comunión y confesó a su madre que en esas reuniones, el procesado les ofrecía cigarrillos, les mostraba revistas pornográficas y les animaba a mantener relaiones sexuales.

Iglesias Montero, negó todos esos hechos, aunque reconoció que era visitado en su propia habitación por los menores con los que escuchaba música o bajaban a la vaquería de su padre, que se encuentra en la planta inferior de la vivienda.

El procesado, que es invidente, comentó que en su casa siempre había gente y que nunca sucedió nada anormal "ni yo lo hubiera permitido", insistiendo en que jamás pudo apagar la luz o enseñar revistas eróticas a los pequeños, "porque a mí no me siren de nada", aludiendo a su ceguera.

Aventuró que todas las imputaciones partían de los padres de los menores "con los que siempre he tenido rencillas políticas", denunciando incluso que uno de ellos le llegó a pedir dinero para no sumarse a las acusaciones.

Anadió que desde que inició su carrera política, en 1977, ha recibido anónimos y amenAzas de muerte coincidiendo con las campañas electorales, y recordó que la vaquería de su padre se incendió en una ocasión "de forma sospechosa".

Los peueños comenzaron a prestar declaración ante el tribunal durante la mañana y continuarán testificando a lo largo de esta tarde, siempre a puerta cerrada.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal considera que los hechos constituyen siete delitos de corrupción de menores y pide dos años de prisión por cada uno de ellos.

La acusación particular incrementa su solicitud hasta los 3 años de reclusión por cada delito de corrupción de menores y otros 21 por otros tantos delitos de abusos deshonestos.