Zubieta es el único de los tres terroristas que perpetraron la acción que sobrevive, ya que sus compañeros Juan Carlos Monteagudo y Félix Erezuma fallecieron el día después del atentado en un tiroteo con la Guardia Civil, cuando fueron descubiertos en un chalé de Llisá de Munt.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, Monteagudo y Erezuma, miembros del "comando Barcelona", recibieron la orden de la cúpula etarra de tentar contra el cuartel en marzo de 1991, "sabiendo que en dicho acuartelamiento habitaban varias familias de guardias civiles con hijos de corta edad".

El 18 de mayo se les unió Zubieta, que en junio de 1990 tuvo que huir de España tras verse involucrado en los hechos de la Foz de Lumbier (Pamplona), donde los terroristas José María Lizarralde y Susana Aguerri se suicidaron después de atentar contra una patrulla de la Guardia Civil que vigilaba la zona.

El día del atentado, los terroristas prepraron a primera hora de la mañana un vehículo sustraido por anteriormente por miembros de la organizacion en el que instalaron 12 bombonas con un total de 216 kilos de explosivos.

Posteriormente viajaron en dos coches hasta Vich y decidieron posponer el atentado hasta la tarde, ya que a esa hora las puertas se encontraban cerradas y había muchas personas en las cercanías.

A las 19,00 horas, los terroristas lanzaron el coche-bomba por la rampa de entrada al cuartel mediante un sistema de marcha a istancia, "a pesar de comprobar que en el patio del cuartel había en ese momento varios niños jugando".

El vehículo golpeó la puerta del acuartelamiento y siguió su recorrido hasta chocar con la puerta de acceso a los pabellones causando una gran explosión que produjo la muerte a 9 personas, cinco de ellos niños, e hirió de gravedad a otras 44.

El fiscal estima que los hechos constituyen delitos de pertenencia a banda armada, atentado, asesinato consumado, asesinato frustrado, terrorismo, utilizaión ilegítima de vehículo de motor ajeno y sustitución de placas de matrícula, por los que solicita para el procesado la pena anteriormente citada.

Asimismo, el ministerio público pide que Zubieta pague a las víctimas y familiares una indemnización de más de 180 millones de pesetas, así como los daños materiales causados.