Según consta en el escrito de conclusiones provisionales, conocido hoy, el fiscal encargado del caso, Enrique Molina, les acusa de un delito de integración en organización terrorista. Entre los acusados se encuentra Juan María Olano, que fue portavoz de dicho colectivo.

Para el fiscal, "Gestoras Pro Amnistía es una de las estructuras que forman parte del entramado organizativo de ETA" y la banda terrorista la financió directamente, al menos desde 1991.

Asimismo, sostiene que Gestoras Pro Amnistía se subordinaba a ETA por medio de KAS y de EKIN, responsables del desarrollo de la 'vanguardia política' de la banda terrorista.

Además de controlar el colectivo de presos de ETA, Gestoras Pro Amnistía, según el fiscal, convierte en objetivos directos de ETA a las personas e instituciones a las que considera responsables de la situación de los presos de la banda terrorista.

También coordina algunas de las formas de lucha complementarias a la del frente armado de ETA y recoge datos transcendentes para la seguridad de la banda terrorista. "Dichos datos los obtiene de los procesos judiciales en los que se encuentran encartados la organización terrorista y sus miembros", dice el fiscal.

Además, sostiene que Gestoras Pro Amnistía "ha asumido además de como tareas impuestas por ETa en un principio a través de KAS y posteriormente a través EKIN, las relativas a la campaña 'Alde Hemendik' (Fuera de Aquí), el sostén de la situación de los miembros de E.T.A. en situación de clandestinidad y buscados por la Justicia (los denominados 'refugiados' o 'huidos') y el sostenimiento económico del colectivo de presos de ETA".

Otra de las funciones de Gestoras Pro Amnistía, según el fiscal, consiste en la captación de militantes para la estructura operativa de ETA.

Otra de las actividades desarrolladas por Gestoras Pro Amnistía, según el fiscal, consiste en la realización de actos de homenaje a los militantes de ETA fallecidos, "en los que se hace apología del crimen, para escarnio de las víctimas y del orden público".

El fiscal explica que Gestoras Pro Amnistía fue sucedida por Askatasuna, cuyas actividades fueron declaradas ilíticas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional el 5 de febrero de 2002.

A pesar de la declaración judicial de ilicitud de sus actividades, Askatasuna reconstituyó su estructura, "idéntica a la de Gestoras Pro Amnistía y retomó sus actividades" en favor de los presos de ETA.

Además de los 10 años de prisión para cada uno de los 27 procesados, el fiscal solicita la declaración de ilicitud y disolución de Gestoras Pro Amnistía y de Askatasuna.