Castresana argumenta que, para ampliar el capital de una entidad, es necesario, según la Ley de Sociedades Anónimas, "el total desembolso de las acciones anteriormente emitidas".

En este sentido, recerda que, según la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el pasado 14 de febrero por este caso, Jesús Gil y Enrique Cerezo no desembolsaron el 95 por ciento del capital social del Atlético de Madrid.

Asimismo, el fiscal se opone a la ampliación de capital mediante compensación de créditos, ya que la Ley de Sociedades Anónimas exige certificación por auditor, una vez verificada la contabilidad social, de la exactitud de los créditos a compensar.

"El auditor ha certificado la concordancia ente los datos facilitados por los administradores del club y la contabilidad del mismo, pero, como han señalado los interventores, la contabildiad del Atlético no refleja la imagen fiel de la situación de la entidad", dice Castresana.

En este sentido, añade que, "del total de 22 millones de euros de créditos a compensar, según la propuesta, la gran mayoría, más de 18,75 millones, corresponden a Jesús Gil y a Enrique Cerezo".

Para Castresana, hay que tener en cuenta que tanto Jesús Gil como Enrique erezo fueron condenados a restituir al Club las acciones representativas de un capital de 11,72 millones de euros y que "en la contabilidad, ese capital figura como desembolsado".

Además, recuerda que la sentencia del "caso Atlético" establece que en la contabilidad debe reponerse otro crédito del club contra Gil de 16,23 millones de euros. "En la contabilidad figura como pagado", agrega.

Castresana hace también hincapie en que Gil está imputado por el desvío de 53,6 millones de euros del club haia paraísos fiscales, dinero que, insiste, "en la contabilidad figuran como gastos necesarios".

Concretamente, el juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo investiga el destino de ese dinero transferido desde las arcas del Club Atlético de Madrid a cuentas de sociedades domiciliadas en Holanda.

La Fiscalía Anticorrupción cree que ese dinero que el Atltético de Madrid remitió a la empresa Van Doorn International desde 1996 no se correspondía con la adquisición de jugadores.

Por último, Carls Castresana recuerda que la sentencia del "caso Atlético" declaró que los actuales administradores del club habían maquillado la contabilidad de la sociedad deportiva.

Así, concluye que "no puede ser autorizar la venta de acciones nuevas mientras estén sin vender las antiguas y tampoco la compensación de acciones por créditos mientras se ignore quién debe a quién y cuánto", y dictamina que "la propuesta es manifiestamente contraria a derecho".