Así lo manifestó hoy ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que estudia el recurso de la fiscalía contra la decisión de la juez Teresa Palacios de concluir la investigación del caso y continuar el procedimiento penal contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui.

Durante la celebración de la vista fijada para estudiar el recurso, la fiscalía insistió en que el primer cosejo de administración del SCH tras la fusión se ratificaron todos los compromisos que Botín había adquirido con Amusátegui y Corcóstegui.

Asimismo, recalcó que dichas partidas económicas se consignaron en las cuentas anuales, aprobadas por la junta de accionistas del SCH. Además, recordó que la Comisión de Nombramientos y Retribuaciones de la entidad no puso objeciones a los citados acuerdos.

Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en este caso no hay delito, porque no hubo disposición frauduenta de los bienes del banco, ni en beneficio propio ni de terceros. En este sentido, señaló que los acuerdos investigados están previstos en los estatutos del banco.

Por su parte, las defensas de Botín, Amusátegui y Corcóstegui siguieron la misma tésis que el fiscal, al insistir en que los acuerdos fueron legales y que se ajustan a lo previsto en los estatutos del banco.

Sin embargo, el abogado de uno de los querellantes, Juan Francisco Franco Otegui, aseguró que lo que se produjo en este caso fe un blindaje, lo que no está permitido en sociedades mercantiles.

HASTA EL MIÉRCOLES

El próximo miércoles continuará la celebración de la vista, con el fin de que el abogado del otro querellante, Rafael Pérez Escolar, exponga las razones por las que cree que debe continuar el procedimiento contra Botín, Amusátegui y Corcóstegui.

Fue el pasado mes de octubre cuando la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, decidió transformar en procedimieto abreviado las actuaciones abiertas contra el presidente del BSCH, Emilio Botín, Amusátegui y Corcóstegui, en contra de la opinión de la fiscalía, que había solicitado el archivo del caso.

Sin embargo, la magistrada considera que de los hechos investigados se deduce "la presunta participación o intervención de los imputados en actuaciones presuntamente delictivas que cabría calificar indiciaria e inicialmente como supuesto delito de adminsitración desleal".

Este caso llegó a la Audiencia Nacionl en el año 2002, cuando el accionista Juan Francisco Franco Otegui interpuso una querella contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra Amusátegui.

La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que estos sean removidos sin justa causa".

A esta querella se sumó la denuncia presentada posteriormente por Rafael Pérez Escolar, quien, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entender que redundó en perjuicio de los inversores.

Además, argumentó que ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni el Banco de España fueron informados de las razones por las que Corcóstegui abandonó el banco del que fue vicepresidente y consejero delegado.