En un escrito remitido hoy al Alto Tribunal, Granados precisa que a la vista de que en a denuncia del PP se alude como posibles responsables de ese uso presuntamente ilegal de los fondos reservados a los titulares del Ministerio del Interior en aquella época, "es claro que el proceso concierne a personas que gozan de fuero procesal", dado que algunos de los últimos ministros del Interior gozan actualmente de la condición de diputados y el contenido de la denuncia está relacionado con el ejercicio de sus cargos.

El fiscal general indica que dicha condición de diputados haría preciso, si e detecta la existencia de indicios de criminalidad, la petición del correspondiente suplicatorio, cuya tramitación corresponde exclusivamente a la sala segunda del Tribunal Supremo, que es quien debe decidir en último término cuál es el momento adecuado para paralizar en su caso la actividad de instrucción.

El fiscal general precisa que estos motivos "hacen desaconsejable, si no improcedente, la apertura de una investigación por parte del ministerio fiscal genéricamente autorizada por la ley", investgación que, a su juicio, "podría significar en cierta manera una vía para eludir la atribución competencial establecida para personas aforadas".

DENUNCIA DEL PP

El pasado 19 de octubre, el diputado del PP Federico Trillo y otros parlamentarios del Grupo Popular presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado, instando la apertura de una investigación sobre el uso presuntamente delictivo de los fondos reservados de Interior.

En la denuncia, que se presentó acompañada de diversa documetación, como documentos que reflejan pagos hechos con cargo a fondos reservados, el PP resaltaba que en los medios de comunicación habían aparecido reiteradas noticias sobre el uso de los fondos reservados de Interior para el pago de sobresueldos y usos privados.

Trillo argumentaba que el fiscal general tiene capacidad para investigar este asunto a pesar de la Ley de Secretos Oficiales, porque ésta ampara legalmente el uso de los fondos con fines legítimos, pero no otra utilización distinta, que, "al o ser legal, tampoco puede ser secreta".