Así consta en la Memoria de la Fiscalía General del Estado relativa al ejercicio 2005, presentada hoy en acto de apertura del año judicial, celebrado en el Tribunal Supremo.

"La reinstauración del orden cívico conculcado y la prevención frente al riesgo de reiteración delictiva pueden hacer recomendable la prohibición de que el sujeto condenado resida en la población o término municipal en que cometió el hecho o la de que se aproxime o acuda, en determinados términos, al lugar (parcela, paraje, monte) en que generó el incendio", dice la memoria.

Para Conde-Pumpido, también es necesario que las órdenes de alejamiento puedan aplicarse de forma cautelar mientras se esclarezca la autoría del incendio forestal.

El objetivo de esta medida sería proteger a aquellos individuos que se hayan visto dañados, en su persona o en sus intereses, por la comisión de delitos de incendio forestal.

La memoria recuerda que el delito de incendio forestal atenta contra el bien común y también contra los bienes eminentemente personales. "A menudo produce efectos dañinos penalmente relavantes y contra sujetos perfectamente individualizables", lo que justifica que se dispongan determinadas herramientas jurídicas, procesales y materiales para ayudar a las víctimas, dice el fiscal.