Mª Luisa de la Hoz García es fiscal desde 1985. Tras su paso por las fiscalías de Sevilla y Murcia, en 1989 fue destinada a la Fiscalía de Madrid donde, entre otras responsabilidades, fue decana-coordinadora de la sección civil. Desde 2005 forma parte de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, y es la candidata que más años de experiencia acumula en este órgano.

Además, García Ortiz propuso como Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña a Francisco Bañeres Santos, que revalidaría el puesto que desempeña desde 2018. Inició su trayectoria en Las Palmas de Gran Canaria y en 1993 fue destinado a la Fiscalía del TSJ de Cataluña, donde desempeñó funciones de coordinador de los servicios de incapacidades y de delitos económicos. En 2014 fue nombrado Teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña y desde 2018 es su Fiscal Superior.

Como Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Barcelona, el fiscal general del Estado propuso a Neus Pujal Sánchez. Fiscal desde 1989, su trayectoria profesional se ha desarrollado en Cataluña, primero en Cerdanyola y Sabadell y después en Barcelona, donde ha estado adscrita a distintos servicios especializados como contencioso-administrativo, menores, familia, registro civil, jurado o siniestralidad laboral. Entre 2008 y 2022 fue Fiscal Jefa de la Fiscalía de Área de Sabadell. En mayo de 2022 pasó a ocupar plaza en comisión de servicios en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña, puesto que desempeña en la actualidad.

Cristina López Amat está propuesta como fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga. Está en la Carrera desde 2008. Comenzó su trayectoria en la Fiscalía de Área de Granollers y en 2012 pasó a la Fiscalía provincial de Valencia, donde durante una década formó parte de su sección antidroga. Desde enero de 2022, ocupa plaza en comisión de servicios en la Fiscalía Antidroga, en la que es integrante, además, de la sección de cooperación jurídica internacional.

INFORMES

Por otra parte, el Consejo Fiscal aprobó dos informes sobre proyectos normativos. El primero de ellos es el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Mutualidad General Judicial.

El proyecto busca afianzar y redefinir la normativa existente respecto a los actuales órganos de control, vigilancia, dirección y gestión de la entidad, además de cumplir con las previsiones del artículo 93 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Se dota para ello de un Estatuto y apuesta por la modernización y la digitalización para mejorar la gestión de determinadas prestaciones previstas en el Reglamento del Mutualismo Judicial.

También informó sobre el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Este Proyecto tiene por objeto adaptar la redacción del Real Decreto a la nueva regulación que introduce la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección jurídica integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como a los avances tecnológicos que permiten la transmisión automatizada de datos y la interconexión entre los distintos registros y a la evolución del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).