Granados reconoció que, ante la alarma social producida por la sentencia del llamdo 'caso Nécora', el Ejecutivo ha interesado a la fiscalía siguiendo el cauce ordinario, es decir, el artículo 8 de la Ley Orgánica que regula el Estatuto Fiscal, para que se ejerciten las acciones pertinentes.

"Esto para mí ha sido una gran satisfacción", dijo, "porque supone encauzar las relaciones del Gobierno con el Ministerio Fiscal a través de los cauces legales".

"El Gobierno puede interesar, ojo, pero no ordenar", afirmó, "del fiscal general del Estado que se ejerciten las acciones pertinntes, así viene recogido en el artículo octavo del Estatuto, y el fiscal, oída la Junta de Fiscales de Sala, acordará si eso que interesa el Gobierno es viable o correcto, y si es así, así lo hará".

Carlos Granados, que participa en el Congreso de Derecho Procesal de Valladolid, se refirió también a otro gran proceso que acapara la atención pública: el 'caso Filesa'.

Granados reconoció que ha pedido al fiscal Antonio Salinas que requiera del juez Marino Barbero la máxima agilización de este asunt, partiendo de un total respeto a la independencia del juez y reconociendo la gran complejidad del caso.

"La Fiscalía General ha interesado del fiscal que solicite la práctica de las diligencias que se consideren necesarias en esta instrucción y que sin dejar de practicar aquello que sea necesario, se agilice la tramitación al máximo, partiendo del mayor respeto a la labor del instructor", concluyó Granados.