En un comunicado, el fiscal general asume, “en coherencia” con sus manifestaciones anteriores, la responsabilidad última de la publicación de la nota de prensa que desmentía informaciones falsas sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, investigado por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental.

García Ortiz asegura que el hecho de que se haya elevado esa exposición razonada no ha de impedir ni alterar el normal funcionamiento de la institución ni, por supuesto, el trabajo ordinario del fiscal general. Añade que la exposición razonada está en consonancia con la falta de competencia del TSJM para investigar al fiscal general del Estado o para revelar sus correos o comunicaciones en el seno de la Fiscalía.

Asimismo, reitera que la nota sobre Alberto González Amador se emitió para “poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía”.

El deber de informar a la opinión pública de sus propias actuaciones “es un mandato legal” que la Fiscalía “ha cumplido en el pasado y seguirá haciendo en el futuro”. Y añade que “la difusión del contenido de querellas, denuncias, escritos de acusación o informes relevantes para la opinión pública elaborados por el Ministerio Fiscal es, ha sido y seguirá siendo parte del trabajo habitual de sus oficinas de prensa y portavoces”.

García Ortiz recuerda también que la citada nota de prensa no añade nada que no se hubiera publicado previamente en diversos medios, en algunos casos citando fuentes cercanas a la persona investigada y en otros divulgando el contenido literal de las comunicaciones.

En relación con la continuidad de la causa para la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el fiscal general muestra su “extrañeza” porque “ninguna responsabilidad puede tener quien cumple escrupulosamente con sus funciones estatutarias y ejerce con profesionalidad y lealtad la jefatura”.

En un escrito remitido el pasado 10 de junio al TSJM, el fiscal general aseguraba que cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica “por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador, es algo que como fiscal general del Estado -cúspide de un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene como misión la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público (artículo 124.1 de la Constitución)- no puedo consentir ni tolerar”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó este lunes elevar a la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) las diligencias sobre la filtración a los medios de comunicación de datos sobre la denuncia por delitos fiscales y la posterior negociación con la Fiscalía de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En dos resoluciones dictadas hoy por el magistrado instructor de la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid en el marco de las diligencias incoadas por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionario, se archiva la causa para el fiscal del caso por fraude fiscal y se acuerda enviar el asunto al Supremo.

El magistrado instructor eleva exposición motivada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que sea el alto tribunal el que tome en consideración su competencia para continuar con las presentes diligencias que afectan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El auto indica que esta actuación es necesaria dado que “nos encontramos ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias, haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado”.

García Ortiz se responsabilizó de manera directa del contenido y de la decisión de difundir un comunicado de prensa en el que se desmentían las afirmaciones del empresario quién aseguraba por entonces que el Ministerio Público se había dirigido a su abogado para llegar a un acuerdo.

En esa nota dirigida a los medios se daba cuenta del intercambio de correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal, en los que quedaba claro que era la representación legal del novio de Ayuso, la que ofrecía al fiscal llegar a un acuerdo.

Tras la difusión de ese comunicado González Amador que querelló contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal del caso, Julián Salto, a los que responsabilizaba de un delito de revelación de secretos.

El magistrado acuerda, además, el sobreseimiento libre de las presentes actuaciones respecto del querellado Julián Salto Torres, al entender que las diligencias de investigación practicadas “ponen de relieve, sin mayor duda, que su actuación en relación a la elaboración de la nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid fue meramente instrumental”.