García Ortiz, que fue fuertemente criticado tras su designación por considerarlo afín a su predecesora, Dolores Delgado, insistió en que “los ataques a la figura del fiscal general del Estado no deben, no deberían, contagiar a la propia carrera. Pues, aun siendo el principio de unidad de actuación lo que justifica la jerarquía, no hay decisión del fiscal general que no esté sometida a los principios de motivación, publicidad y, me atrevería a decir, que de consenso”.

“Puede estar tranquila la ciudadanía”, añadió, porque la acción de la Fiscalía, “discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles, a balances en la toma de decisiones y a garantías en nuestra actuación individual”. Por lo tanto, dijo, “no nos escondemos, asumimos la crítica propia de quien se responsabiliza de sus decisiones, de quien ejerce su oficio y de quien somete su criterio a la decisión de los tribunales”.

García Ortiz aseguró que los principios rectores de la Fiscalía son, por un lado, “la legalidad e imparcialidad y, por otro, la unidad de actuación y la dependencia jerárquica”. Esta última, reconoció, ha provocado en ocasiones “reticencias” y ha sido “utilizada para sembrar dudas injustificadas sobre ella”.

Ante ello, “puedo afirmar que ello supone desconocer el funcionamiento mismo de la institución y, en especial, la responsabilidad y el trabajo diario de las y los fiscales de este país. La dependencia jerárquica no debe estar sino al servicio de la unidad de actuación, y ambos principios al servicio de la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley en cualquier parte del territorio del Estado”. Por tanto, concluyó que la jerarquía no es “un fin en sí misma”, sino un instrumento para la racionalidad jurídica, la eficiencia organizativa y la unificación de criterios”.

En este acto, el fiscal general presentó la Memoria anual de la institución que dirige. Asisten el presidente del Consejo General del Poder Judicial, por suplencia, el vocal Vicente Guilarte, y otros miembros del órgano de gobierno de los jueces; los integrantes de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los magistrados de este órgano judicial; así como y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras autoridades judiciales.

También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop; la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.