En un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas e Información Económica (APIE), Castresana aseguró que no recuerda que "se haya propiciado ninguna querella por parte de la Fiscalía General del Estado, ni una sola demanda de amparo por parte de la Fiscalía del Tribunal Constitucional y ninguno de casación por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo".

Para Castresana, la "conservadora" actitud del departamento de Cardenal llega hasta el punto de "intervenir sólo cuando le viene un papel del juzgado", lo que, a su juicio, no hace sino crear "desprotcción en la sociedad".

En cuanto a la Fiscalía Anticorrupción, demandó más medios personales y materiales porque se encuentra "absolutamente desbordada en cuanto al número y a la calidad de los casos".

Castresana pronosticó que, si no se dota de más medios al departamento en el que trabaja, los resultados judiciales serán cada vez menores, porque, por un lado, han de enfrentarse a despachos de abogados con un número de personal muy superior y más documentados, y, por otro, a unos tribunales que n están preparados para afrontar los casos de corrupción.

Asimismo, añadió que si bien es cierto que instituciones como la Fiscalía Anticorrupción o la Audiencia Nacional cuentan con más medios que el resto de los órganos judiciales, no hay que olvidar que su especialización les ha acarreado un "exceso de trabajo" ya patente y que hay que solucionar.

En este sentido, Castresana lamentó que la saturación de trabajo haga que en los juzgados "se instruya a salto de mata" y que los jueces deleguen la nvestigación en los fiscales, cuando esta facultad no está recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "O se cambia la ley, o se dota de más personal a los juzgado de instrucción", apuntó como solución.

En cuanto a la colaboración judicial internacional, Castresana lamentó que en la Comunidad Europea los jueces y fiscales de los países comunitarios aún tengan que comunicarse por vía diplomática, que no hace sino retrasar en ocasiones el trabajo judicial.

A su juicio, "no es de recibo que en un comunidad donde hay libre circulación exista opacidad (informativa) cuando se trata de una investigación sobre un delito económico". Agregó que, en su opinión, un fiscal español debería poder comunicarse con un juez o un colega de otro país comunitario con la misma facilidad y libertad con que lo hace en España.