A su juicio, la primera parte del informe es lo lógico porqué establece que Jesús Cardenal reune las condiciones objetivas para ocupar el puesto de fiscal geeral, lo otro "es un desahogo absolutamente innecesario que, sinceramente, sobra", puntualizó.

Según Castellano, hay que separar claramente los comportamientos de las opiniones y si un fiscal general del Estado o un fiscal cualquiera se le ocurriera mantener la teoría de que toda clase de interrupciones del embarazo son delito por razones morales pués efectivamente estaría obrando en contra de la Constitución.

Sin embargo, aclaró el representante de IU, "si él (refiriéndose a Cardenal) particulamente como católico quiere mantener la teoría de que el aborto o la interrupción del embarazo no es eticamente lícita pero cumple con la ley de interrupción del embarazo y no se le ocurre incriminar a nadie si ese aborto se ha producido en cualquiera de los supuestos legales, pués no hay ningún problema de inconstitucionalidad".

Por lo tanto, según el representante de IU, las opiniones vertidas, en su día, por el futuro fiscal general del Estado "si es que lo es, sinceramente no debieron recogerse en na memoria porque la memoria no es un lugar para el desahogo particular, pero no significan en modo alguno que el señor fiscal no tenga perfecto derecho a mantenerlas y no existe ningún problema de inconstitucionalidad, porque las opiniones no son nunca inconstitucionales".

A juicio de Castellano, "en consecuencia, el CGPJ debería, porque para algo son unos finos juristas, haber hecho esta matización y no juzgar las opiniones porque habrá que ver que opiniones tienen algunos de ellos en materia de Eduación o de Corrupción".