En declaraciones a Servimedia, Castresana se refirió así a la petición de escolta por parte de la fiscal Mercedes Bujanda, adscrita al Juzgado de Vigilancia Penitenciara de Bilbao, tras haber recibido amenazas del entorno de los presos de ETA.

"La situación no afecta solamente a esta fiscal, afecta a otros fiscales y a algunos magistrados del País Vasco, que bien por la cuestión lingüística o bien por cuestiones penitenciarias, están recibiendo amenazas y un tratamiento absolutamente inadecuado", subrayó Castresana.

En este sentido, señaló que "es deber tanto del Gobierno central como del Gobierno vasco garantizar la seguridad de estos funcionarios, no solament porque ellos tengan derecho a poder desarrollar su trabajo con garantías, sino porque los ciudadanos tienen derecho a que los servicios públicos puedan funcionar con normalidad".

Insistió en que tanto jueces y fiscales como concejales y cargos políticos "tienen que disponer de la tranquilidad y serguridad necesaria para poder desarrollar su trabajo", y reiteró que "hay que procurar desde los poderes públicos que se den las condiciones para que decisiones como pedir el traslado sean una opción persona, no provocada por las circunstancias o el entorno de amenazas".