La denuncia, presentada por IU el 31 de enero, solicitaba una investigación por la presunta compensación económica que habrían recibido los cuaro diputados tránsfugas del Partido Popular para abstenerse en la votación de la iniciativa parlamentaria presentada por el PSOE cántabro, votos que eran necesarios para que la misma prosperase, según las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación.

Lucio Valcarce ha indicado que de las gestiones realizadas en esta investigación, en la que se ha llamado a declarar a diversos periodistas, no se han obtenidos pruebas inculpatorias contra los diputados implicados, ya que mientras varios rofesionales manifestaron haberse hecho eco de rumores o especulaciones, otros se acogieron al secreto profesional para no revelar sus fuentes.

La denuncia presenta por IU tenía como base las informaciones publicadas en "Diario 16" y "El Diario Montañés", en las que se señalaba que los cuatro diputados tránsfugas habían cambiado su intención de voto después de mantener una reunión secreta con varios constructores cántabros afines a Juan Hormaechea, los cuales habrían comprado la abstención de los parlmentarios regionales.

En una de estas informaciones se señalaba que cada uno de los tránsfugas había recibido 100 millones de pesetas a través de una entidad bancaria de Suiza.

Los cuatro parlamentarios (Roberto Bedoya, Joaquín Fernández San Emeterio, Alberto Rodríguez y José Parra) han negado desde el mismo día en el que se celebró la moción de censura la supuesta compra de votos.

La abstención de los diputados regionales, rompiendo así el acuerdo alcanzado con el PSOE de Cantabria por el qe apoyarían la iniciativa parlamentaria por la cual se desbancaría a Juan Hormaechea de la presidencia regional, provocó que el jefe del Ejecutivo autónomo saliese victorioso de la segunda moción de censura presentada contra él en menos de seis meses.