Las negociaciones para las firmas de estos acuerdos entre las autoridades competentes de los cuatro países se iniciaron en el año 2004 con Brasil y con Perú, en el año 2000 con Rumania y en 1998 con Turquía.

La finalidad genérica de los convenios es estrechar los cauces de colaboración con estos cuatro países en las áreas de la lucha contra la delincuencia organizada en sus diversas manifestaciones.

A tal efecto, en los cuatro acuerdos se enumeran, en primer lugar, diversos tipos delictivos, entre los que destaca el de terrorismo.

Seguidamente, se hace referencia, en diversos artículos, a las modalidades que puede adoptar la colaboración: intercambio de información, prestación de ayuda a efectos operativos, ejecución de acciones coordinadas y de asistencia mutua, intercambio de resultados de las investigaciones criminalísticas y criminológicas realizadas, asistencia técnica y científica, prestaciones, cesión de equipos técnicos especializados y celebración de encuentros de trabajo, entre otros.

En el aspecto orgánico, se designan los órganos competentes para la aplicación del convenio, que por parte española serán el Ministerio del Interior y las unidades competentes del Ministerio de Economía y Hacienda, en el ámbito de sus competencias, previa declaración del Ministerio del Interior.