En la actualidad, hay en España unas 400.000 personas con certificación de firma electrónica, que les permite relacionarse con la Administración, no sólo la Tributaria, sino también con las 10 comunidades autónomas y 30 diputaciones provinciales que tienen firmados convenios con el Ministerio de Economía y su entidad de certificación electrónica, la Casa de la Moneda.

Ahora bien, la certificación de firma elecrónica es una actividad totalmente liberalizada que se presta en régimen de competencia, aunque con la ingente cantidad de dinero que cuesta montar este servicio son muy pocas las entidades de certificación de firma electrónica que existen en España, entre ellas el Colegio de Registradores de España.

Crespo subrayó que la firma electrónica desarrollada en España es "una firma general y universal", que servirá para operar con la Administración y con empresas y particulares a partir de septiembre. "No eiste otro caso comparable", aseguró.

En definitiva, en la actualidad un particular puede ahora pagar impuestos o relacionarse con su comunidad autónoma a través de Internet gracias a la firma electrónica, y a partir de septiembre podrá comprar, por ejemplo, en una gran superficie por Internet sin tarjeta o celebrar un contrato privado en la Red con otro particular o empresa.

Para ello, es necesario que ambas partes hayan certificado su firma electrónica en alguna entidad de certificación autorizaa y que sigan las normas que el Ministerio de Economía pondrá en marcha en septiembre. Ello supondrá "una promoción fundamental del comercio electrónico", aseguró Crespo.