El principal desacuerdo del PSOE con el texto de la ponencia radica, según señaló Marugán en una rueda de prensa, en que permite a los partidos políticos o a sus afiliados crear fundaciones para ser usadas como instrumentos de financiacion.

De estaforma, explicó, las fundaciones serían "una pantalla o un intermediario que puede ser receptor de aportaciones sin estar éstas sometidas a las obligaciones contables y al control del Tribunal de Cuentas".

"Debemos caminar en otra dirección. La política no es el arte del disimulo", aseveró antes de afirmar que la sociedad demanda "claridad, transparencia, austeridad y control", cuestiones a las que, en su opinión, el informe de la ponencia no da respuesta. En definitiva, lo calificó como "un mal sistem de financiación".

Poco antes, el portavoz popular en la comisión, Jaime Ignacio del Burgo, mostraba su satisfacción por la conclusión de los trabajos de la ponencia y aseguraba que la transparencia "está garantizada" con este texto que mejora "sustancialmente" la ley de 1987.

Según explicó, la financiación pública queda como fuente principal de obtención de ingresos, aunque se permite a los partidos recibir aportaciones y donaciones de personas físicas y jurídicas con un límite de 25 millones depesetas por persona y año.

DONACIONES ANONIMAS

Estas cantidades, recalcó, serán siempre nominativas y quedarán bajo el control del Tribunal de Cuentas, que también revisará las cuentas bancarias en las que los simpatizantes podrán ingresar hasta 50.000 pesetas de forma anónima. Todas las cantidades, como ocurre con las fundaciones, serán desgravables, apuntó Del Burgo.

Así, quedaría eliminada la posibilidad de que las donaciones inferiores a medio milllón de pesetas sean anónimas, aunque es posble que CiU mantenga esta enmienda hasta el debate en comisión.

Cualquier particular o empresa que mantenga un contrato vigente con la administración pública para la prestación de servicios o realización de obras tendrá prohibida la aportación a cualquier partido político.

Frente a las explicaciones de Del Burgo, Marugán destacó que cabe la posibilidad de que una formación política no reciba ninguna donación directamente, pero sí las reciba su fundación. "Las aportaciones que desde las fundacione se hagan a los partidos no están limitadas en cuantía, ni siquiera aquélla que se fija para donaciones privadas para los partidos les afecta", agregó.

Según las explicaciones de Del Burgo, el Tribunal de Cuentas será también el encargado de controlar las negociaciones entre los partidos y las entidades acreedoras para refinanciar la deuda y de imponer las sanciones correspondientes a cualquier infracción, que serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo.

Ante una financiación ilegal,el partido político tendrá que abonar el doble de la cantidad recibida de forma irregular y, si se retrasa en la presentación de las cuentas o no lo hace en debida forma, se le retirarán los fondos públicos hasta que subsane la deficiencia.

Tras su debate en la Comisión Constitucional, después de presentar las enmiendas correspondientes, el texto tendrá que ser aprobado por el pleno del Congreso, donde requerirá mayoría absoluta.