En su opinión, "la nueva ley no los va a poder evitar, eso es un problema de voluntad política", ya que lo contrario "sería como decir que no hay delitos porque tenemos un Código Penal perfecto".

Del urgo se mostró convencido de que en estos momentos nadie quiere violar la ley, "entre otras cosas porque el tema de Filesa y los demás escándalos que han podido surgir han producido un efecto de ejemplaridad importante, por sí mismos. Ningún tesorero de un partido político quiere sentarse en el banquillo, por lo tanto, el primer interesado en evitar una financiación irregular es el que tiene la responsabilidad de las finanzas".

En ese sentido, considera que "ha sido positivo que los escándalos hayan alorado y se hayan conocido, porque sin necesidad de nueva ley eso ha producido un auténtico sentido responsable en los partidos políticos para no hacer actuaciones que puedan ser luego reprochables en el ámbito penal o administrativo".

ENMIENDA DE CiU

La ponencia de Financiación de los Partidos Políticos volverá a reunirse el próximo miércoles para, previsiblemente, hacer el informe definitivo. Según Jaime Ignacio del Burgo, queda por perfilar lo relativo al control por parte del Tribunal de Cuentas algunos aspectos relacionados con las obligaciones contables y dilucidar una enmienda de CiU relativa a la posibilidad de que haya pequeñas donaciones que puedan tener el carácter de anónimas.

"Este es el único punto en el que puede haber cierta contradicción y veremos si al final conseguimos llegar a un consenso, si efectivamente se encuentra un sistema para que pequeñas donaciones puedan ser asumidas, sin que eso signifique que se pueda establecer una grieta en el sistema de transparencia de las doaciones privadas", dijo el diputado popular.

No obstante, precisó que la posición del PP, "en estos momentos, es que todas las donaciones tienen que ser nominativas; es decir, que en todo momento se pueda conocer la identidad del donante, lo cual no significa que haya que publicar la relación de donantes, porque cegaríamos esa posibilidad de financiación, pero sí que el Tribunal de Cuentas, en cualquier momento, pueda conocer esa identidad y pueda verificar la adecuación a las normas de la ley de las onaciones privadas".

En cuanto las donaciones por parte de empresas (personas jurídicas), Del Burgo manifestó que la mayoría de los grupos, excepto PSOE e IU, son partidarios de que las donaciones puedan ser tanto de personas físicas como de personas jurídicas.

"Para nosotros", explicó, "lo importante está en el límite. Por ejemplo, el señor Blair ha tenido un problema por haber aceptado una donación de 250 millones de pesetas; eso en España es imposible, incluso con la ley actual. Con la ley futra, nos proponemos establecer unos límites que podrían estar entre 15 y 25 millones de pesetas de donación máxima al año por persona, sea física o jurídica. Eso nos parece que es una suficiente garantía para que no haya nada espurio".

Agregó que "el núcleo esencial de la ley ya está consensuado". "Estamos de acuerdo en que el pilar básico de la financiación de los partidos sea la financiación pública; en que haya financiación privada, con unos límites, y que sea transparente (sin perjuicio de la discuión de la enmienda de CiU). Estamos de acuerdo en el control del Tribunal de Cuentas, en el régimen de sanciones, y en establer un régimen fiscal que incentive, al igual que las aportaciones a las fundaciones, las donaciones que se puedan hacer a los partidos políticos".

"Básicamente estamos de acuerdo", dijo Del Burgo. Por ello, aunque pueda haber discrepancias que se pongan de manifiesto tanto en la discusión en la comisión como en el pleno, espera que "al final la inmensa mayoría de las fuerzas polticas den su apoyo a la totalidad del proyecto".